Todo ello a pesar de que el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Charlie McCreevy, en nombre de la Comisión Europea, haya afirmado taxativamente que el canon no puede aplicarse de forma indiscriminada, en especial, a empresas y administraciones: «Sólo deben gravarse con cánones los soportes y equipos que puedan utilizarse, y que efectivamente se utilicen en medida apreciable, para hacer copias destinadas a uso privado.»

El Gobierno de España hace caso omiso a Europa y maximiza la repercusión del canon y su impacto económico, a pesar de que esto se está valorando hoy en día en el seno de Europa, porque su normativa no lo prevé así impuesto y por la polémica suscitada en todos aquellos países que tratan de imponerlo.

Es de esperar que los partidos políticos que nos prometieron acabar con la imposición de un canon digital para compensar por nada a los intermediarios del negocio cultural y a costa del bolsillo de los ciudadanos, reaccionen y pongan fin cuanto antes a este desequilibrio democrático auspiciado por el Gobierno de España.

Opinión de VÍCTOR DOMÍNGO. Presidente de la Asociación de Internautas en ABC

 

Fuente desde: Asociacion de Internautas