El Gobierno aprobó ayer el impopular -por injusto- canon digital, que grava todos los soportes electrónicos susceptibles de almacenar información con tasas que oscilan entre 0,17 euros por cada CD y 3,15 euros por cada MP3. Este nuevo impuesto, con el que el Ejecutivo trata de compensar a los autores por los ingresos que dejan de percibir cada vez que se hace una copia de su obra, repercutirá inevitablemente en el precio final de la tecnología. El canon digital, concebido como un derecho de autor mal entendido, supone un sobregravamen indiscriminado.

20-06-2008 - Zapatero castiga a todos los ciudadanos, con independencia del uso que hagan de los soportes tecnológicos, porque parte de la idea de que todos pirateamos derechos de autor y somos -por tanto- delincuentes en potencia.

Puede ser lógico que las asociaciones de autores manifestaran ayer su satisfacción ante una nueva prebenda que redundará en sus beneficios con independencia de la calidad de sus obras. Pero no lo es que el presidente del Gobierno haga oídos sordos a las quejas de la multitud de ciudadanos que han protestado contra este impuesto preventivo. Baste recordar que la plataforma todoscontraelcanon presentó un millón de firmas en el Ministerio de Industria. Es además muy injusto que se graven por su rendimiento productos que ya han sido altamente fiscalizados en su origen. ¿Qué sentido tiene un CD o un DVD si no es para almacenar información? ¿No pagan los ciudadanos ya por lo que captan a través de sus teléfonos móviles? El Gobierno debería encontrar otro modo de perseguir la piratería. Tras la subida de la luz, esta nueva tasa socava aún más la capacidad adquisitiva de los consumidores y hace menos competitiva nuestra industria tecnológica, en comparación con la de EEUU o Asia.

Editorial de El Mundo