La industria cultural vuelve a mostrarse insaciable. Consciente del nulo efecto en el número de descargas que se ha producido tras el cierre del servicio fundado por Kim Dotcom, el sector quiere que se intensifique la lucha contra la llamada "piratería". De nuevo vuelven a ser la MPAA y RIAA, asociaciones que integran a las principales compañías del mundo del cine y la música respectivamente, quienes encabezan las protestas, en esta ocasión dirigidas hacia Victoria Espinel, encargada de los asuntos de propiedad intelectual de EEUU.

Su objetivo es claro: redes P2P, portales de enlaces y cyberlockers. Después del cierre de Megaupload se produjo una dispersión de parte de sus contenidos entre distintos servicios de alojamiento en la nube. "La distribución de contenido ilegal continúa a través de sitios web similares como Rapidgator, Turbobit, DepositFiles y PutLocker", apunta el comunicado de la industria, en el que se califica a estas webs como "sitios de alojamiento de archivos que son realmente centros de operaciones para la distribución no autorizada". Como crítica a los cyberlockers afirman que "sus responsables infringen el copyright incentivando económicamente a los usuarios que suben contenidos".

Pero en su punto de mira también hay otros objetivos como The Pirate Bay, el famoso buscador de enlaces de la red P2P BitTorrent. "Mientras que sus administradores se encuentran en un proceso penal, The Pirate Bay sigue siendo uno de los mejores sitios en el mundo para proporcionar acceso a los contenidos sin licencia", explica el texto. MPAA y RIAA destacan que tant esta web como otras "permiten a los usuarios a descargar ilegalmente copias completas e ilegales de películas, de contenidos de televisión y de contenidos musicales de forma gratuita, mientras se benefician de la publicidad, suscripciones o donaciones".

En su opinión, estas alternativas en la web amenazan claramente su negocio y han dado al Gobierno del país norteamericano un serie de recomendaciones para atajar este problema. Por un lado quieren más protagonismo a la hora de iniciar procesos contra servicios "piratas". Asimismo, busca que el Gobierno estadounidense pueda presionar a empresas de publicidad y motores de búsqueda como Google para que no colaboren con estas plataformas.

Por supuesto, entre las propuestas no falta la creación de una ley antidescargas similar a SOPA y PIPA, normas que acabaron rechazadas por la clase política. Por otro lado, se ha pedido a la Administración que colabore de forma más directa con países extranjeros, lo que en otras palabras puede traducirse como el aumento de la presión para que éstos desarrollen normas antipiratería como ya sucedió en España o Suecia. ¿Atenderá el Gobierno estadounidense las peticiones de este quejumbroso sector?

 

Fuente: adslzone