Hace más de dos años Reino Unido aprobaba su ley antidescargas, denominada Digital Economy Act. Tomando como referencia el modelo francés que busca perseguir y castigar a los usuarios de redes P2P, el Gobierno británico impulsó una norma que no ha acabado de concretarse y cuyos primeros resultados no se esperan hasta 2014. El regulador de las telecomunicaciones ha publicado una propuesta para establecer el sistema de los tres avisos en territorio británico incluyendo una polémica multa.
Según leemos en Alt1040, los usuarios que sean detectados intercambiando presuntamente archivos con contenidos con copyright tendrán que pagar una multa de 20 libras (25 euros) para optar a su defensa, sean inocentes o no. Después de acceder al pago de esta cantidad, los acusados de infringir la propiedad intelectual tendrán 20 días para presentar sus apelaciones. Esta propuesta no ha tardado en indignar a la comunidad internauta y organizaciones por los derechos de los consumidores. Desde Consumer Focus se enfatiza que "si bien la infracción de derechos de autor no debe ser tolerada, las personas que son inocentes no deberían tener que pagar una cuota a las acusaciones de infracción falsas".
No en vano, asistimos a una idea muy peligrosa para los derechos de los usuarios y que podría dar pie a situaciones de indefensión absoluta. En cualquier caso, desde el Gobierno británico se insiste en el "derecho de las industrias creativas a poder proteger su inversión". "Ellos tienen el derecho de cobrar a la gente para acceder a su contenido si así lo desean, ya sea en el mundo físico o en Internet", afirma el ministro de Cultura, Ed Vaizey.
Y es que con la nueva ley antipiratería se da potestad a los titulares de derechos de autor para solicitar información sobre todas las acusaciones planteadas a los usuarios que se apliquen los tres avisos en el plazo de un año. Después de este tiempo tendrán que recurrir a la Justicia para un tribunal emita una orden judicial que obligue a los operadores a seguir facilitando la información del usuario en cuestión con el objetivo de tomar acciones legales contra él.
En definitiva, parece muy claro de qué lado se inclina la balanza del Gobierno británico. Sorprendentemente abre las puertas a la industria cultural incluso ignorando la presunción de inocencia de sus propios ciudadanos. Una nueva muestra del poder de unas compañías sin rumbo en Internet e incapaz de adaptar su modelo de negocio pasando por encima de los derechos de los internautas.
Fuente: adslzone
