Pero sin ánimo de molestar a nadie, el debate sobre la SI en España, nos atreveríamos a decir que en la UE, está lejos todavía de ser estratégico y de constituir una política prioritaria.

Los agentes sociales no deberíamos estar al margen de esta falta de definición estratégica a la que aludíamos, como si componer un escenario estratégico fuese tarea de otros. Este es un grave error.

Hablamos de la SI y de la BA desde posiciones tangenciales (no lo decimos en sentido peyorativo) que sin duda tienen mucho interés, pero que no son el núcleo neurálgico de una posición estratégica.

Algunos de esos asuntos que frecuentemente tratamos, en la medida que no los incorporamos a un marco global de reflexión, más tarde o más temprano nos provocarán contradicciones difíciles de resolver o, si se prefiere ver de otro modo, lo podemos enunciar diciendo que la falta de un pensamiento global, dificulta seriamente que los temas accesorios que abordamos encajen de manera armónica en el puzzle.

Los agentes sociales hablamos sobre atención al cliente, sobre velocidades, precios, servicio universal, etc. Se habla en los foros sobre lo bien o mal que nos va con los operadores, sobre las experiencias individuales, sobre los últimos planes institucionales... Sin embargo, ¿qué queremos que sea la SI?.

Desde ADECES hemos tratado de aproximarnos a esta definición estratégica a través del documento “La Sociedad de la Información desde la perspectiva del Consumidor: una mirada internacional” que se puede encontrar en www.adeces.org/informes.htm.

El punto de partida del citado texto es el de asumir que la competencia se hace para algo y que tiene que ser sostenible. La competencia debe servir para la diferenciación de servicios, productos y precios; pero además, la competencia debe sostener las futuras actuaciones de innovación tecnológica y esto sólo es posible si se garantiza la inversión. En conclusión, la competencia tiene que permitir el retorno de la inversión, ya que sino es así, nadie querrá invertir.

Desde esta definición se puede entender fácilmente que ha habido una primera fase de liberalización del sector que no ha conllevado competencia alguna, ya que en realidad lo único que se producía era una reventa de servicios y productos con una ligera diferencia de precio.

Esta forma de actuar de algunos reguladores nacionales, que no de todos (digan lo que digan), produce una merma de los ingresos de los ex monopolios sin generar a su vez los suficientes recursos a los nuevos operadores con los que garantizar una inversión que tome el relevo de la que se ha dejado de realizar.

Para acelerar el ritmo de pérdida de clientes del operador preexistente, algunas autoridades de regulación, rebajaron al máximo la seguridad jurídica de las operaciones de cambio de operador por parte del usuario. La consecuencia es que se aceleró la pérdida de clientes del dominante y comenzó a instalarse un clima de desconfianza por todos los cambios efectuados sin la aprobación del cliente. La desconfianza, como bien sabemos estos días, es fácil de crear y difícil de revertir.

En España, la apertura del bucle, paradigma de la competencia, y la inversión en cable ha producido algunos efectos deseados, como intensificar la diversidad de servicios y precios. Pero a su vez ha generado otras consecuencias menos deseables, como la de aumentar la frustración ante las expectativas despertadas: velocidad real del 20 MB, redes limitadas, atención al cliente deficiente...

Las Autoridades Europeas de Competencia y las de Telecomunicaciones se empeñan en ver el modo de intensificar su modelo de competencia, basado en la identidad entre competencia y cantidad de operadores que emplean la misma red. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la competencia real y sostenible se sustenta en la red o redes y, éstas a su vez en la inversión.

Las Autoridades Europeas y nacionales deberán tener en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones es intensivo en inversión y, además, que la demanda de banda ancha es cada vez mayor con lo que, en cierta medida, podemos pagar en el futuro inmediato la falta de previsión presente: tener bajas velocidades o limitaciones de uso o cobros por uso.

Como se ve, ésta no es una polémica que no nos competa a los agentes sociales. El modelo de competencia y regulación condicionará el futuro inmediato.

La experiencia demuestra que en este sector estamos lejos, muy lejos de fraguar modelos de competencia perfecta entendida como la entiende la teoría económica; aunque estamos cerca, muy cerca, de consolidar modelos de oligopolio en los escenarios nacionales y supranacionales porque hay que afrontar grandes inversiones inaplazables.

Si se sigue la evolución de países como Estados Unidos que hace ya años quebraron el poder de ATT dividiéndola en una empresa de larga distancia y más de una veintena de compañías locales, se puede ver que en realidad:

a.- Las autoridades dejaron un monopolio en cada ámbito de actuación en el que fragmentaron a la preexistente ATT.

b.- Las empresas locales iniciaron un proceso de concentración por el cual las más de 20 compañías se redujeron a menos de 10.

En España la proliferación de jugadores de los primeros años de liberalización fue dando paso a la desaparición de muchos de ellos mediante los procesos de fusión y absorción que hemos vivido. Históricamente también se produjo el mismo movimiento en sentido contrario: antes de existir Telefónica había compañías de ámbito regional.

En fin, en el sector de las telecomunicaciones hemos visto concentraciones y desconcentraciones de forma sucesiva. A cada movimiento del péndulo en un momento histórico le siguió otro en sentido contrario en un tiempo posterior.

Ahora asistimos a movimientos de concentración. Desde los más evidentes: Ono adquiere a Auna; hasta los que llevan a cabo los jugadores para disponer de piezas colocadas en todos los tableros: Vodafone compra Tele2. Pasando por los acuerdos entre operadores, como los celebrados entre operadores de red y los virtuales en las telecomunicaciones móviles o la concentración de las distintas áreas de negocio de Telefónica, que no hacen tanto tiempo se habían segregado.

Además, operadores líderes como Vodafone y Telefónica conciertan estrategias para compartir redes.

Todos estos movimientos tienen un denominador común: la red. Porque es en ella en la que está la competencia real, y ¡ojalá! Sostenible.

Mientras tanto los reguladores nacionales y las autoridades europeas continúan su batalla sobre la necesidad de crear un Regulador Europeo de Telecomunicaciones. Para ADECES aquí no está la clave de nada, salvo de la justificación de la existencia de los propios órganos, porque Europa cuando decidió liberalizar las telecomunicaciones lo hizo bajo un modelo laxo, en el que cada autoridad nacional fue aplicando sus propios reglas.

Tan laxo es el modelo que carece del mínimo principio de reciprocidad necesario. Así podemos ver operadores preexistentes que reciben ayudas de sus gobiernos, alterando las reglas de competencia; otros que con presencia pública significativa intentan comprar operadores totalmente privados; autoridades nacionales que obligan a los nuevos entrantes a desarrollar planes de inversión o autoridades nacionales que no obligan a desarrollar los planes de inversión con los que los operadores lograron su licencia.

En consecuencia y para finalizar, nuestro punto de partida en la concepción estratégica de la Sociedad de la Información es que la competencia debe garantizar una red adecuada a las necesidades futuras y que avancemos en la incorporación de toda la población a la SI.

Para ADECES estos principios pasan por desarrollar más de 20 medidas incorporadas en siete epígrafes del documento al que al principio aludimos y que ahora resumimos algunos de ellos, exponiendo en algunos casos alguna de las medidas que lo integran:

1º.- Marco regulatorio:

Un marco que garantice los retornos a la nueva inversión para el desarrollo de nuevas redes de acceso y mercados emergentes, así como la flexibilidad en las administraciones locales para poder realizar los necesarios despliegues de red con celeridad.

2º.- Dinamismo de mercado: eliminación de trabas regulatorias y Administrativas

3º.- Soluciones específicas

Regulación específica de la banda ancha en el medio rural.

Constitución del Fondo del Servicio Universal a cargo de todos los operadores.

4º.- Precios de los operadores y del operador de referencia

5º.- Cumplimiento de las Leyes de mercado y de protección de los Consumidores

Sanción de las prácticas contrarias a la competencia o de competencia mediante la aplicación de la legislación específica en la materia.

6º.- Confianza

Evitar que el dinamismo de mercado se sustente en regulaciones o desregulaciones contrarias a los intereses de los consumidores o a sus derechos.

7º.- Administraciones públicas:

Más y mejor en red.

Fuente desde: adslayuda