La norma antidescargas española ya está en vigor y, como era de esperar, nos deparará situaciones de lo más paradójicas por no decir desagradables. La industria cultural y del entretenimiento ya ha presentado las primeras denuncias contra páginas que considera que vulneran su propiedad intelectual, uniéndose a las denuncias en protesta de esta propia ley como la Operación Colapso y Wertdeenlaces.

Entre las primeras 25 páginas demandadas encontramos el caso de Elitetorrent. Esta web ofrece enlaces a archivos que circulan en la red P2P BitTorrent. No almacena ningún contenido infractor para la Justicia. Así lo declararon los tribunales de nuestro país. Como explica David Bravo, el responsable de la página, Juan José, fue demandado por la vía penal por la SGAE en el año 2007, entidad que, por cierto, ha anunciado que por ahora no presentará denuncias ante la Comisión de la Propiedad Intelectual.

En su acusación, la SGAE aseguraba que Elitetorrent incurría en un delito al haber efectuado comunicación púbica no autorizada de otras protegidas con derechos de autor con ánimo de lucro. Sin embargo, los tribunales escucharon los argumentos de la defensa y tomaron las anteriores sentencias judiciales para declarar que el enlace no es sinónimo de comunicación pública, por lo que se archivó esta causa. Además, la web también fue absuelta por lo civil y la entidad presidida entonces por Teddy Bautista fue multada por obrar por mala fe.

Sin embargo, con la Ley Sinde-Wert en la mano, la comisión administrativa podría dictar una sentencia contraria a la que se ha dado en los tribunales. Esto es entendido por el letrado como una absorción de competencias del poder ejecutivo al judicial que podría volverse en contra de los intereses del sector que hoy se regodea y aplaude la norma antidescargas.

¿Qué sucederá cuando -en caso de ser declarada culpable por la Comisión- el webmaster de esta página denuncie ante un juez el cierre de esta web por la vía administrativa? Sin duda se abre un interesante panorama cuyo final podría ser el derrumbamiento de la Ley Sinde-Wert por su propio peso. "Es una ley que erosiona pilares elementales de un Estado de Derecho", explica Bravo. ¿Acabará siendo derogada por este motivo?

 

Fuente: adslzone