Martes, Noviembre 13, 2018

El PP quiere que se decida sobre el cierre de webs en un plazo máximo de 9 días

NoticiasHoy arranca en el Congreso el debate sobre la Ley de Economía Sostenible tras la presentación de las últimas enmiendas a la norma. Entre ellas se encontraba la del Partido Popular que pretende introducir la tutela judicial en el proceso de cierre de páginas web y propone un plazo máximo de 9 días para que tome su decisión.

 

El motivo de tan corto espacio de tiempo, según la formación política, se basa en la agilización del proceso y en contribuir a la defensa de manera más efectiva a los titulares de los derechos de autor. Desde el PP se insiste: "Damos más seguridad jurídica a la propuesta del Gobierno e introducimos la tutela judicial en el levantamiento de la IP y en el cierre de la página".

El partido opositor cree que su propuesta es un paso adelante en los derechos de los usuarios al introducir la tutela judicial en todos los pasos del proceso, algo que por el momento no está incluido en la ley al dar ésta el poder para tomar estas decisiones a un órgano administrativo llamado Comisión de Propiedad Intelectual.

En concreto, los 9 días propuestos por el PP serían repartidos de la siguente forma. En dos días -cuatro según la LES- el juez debe autorizar o denegar a la administración para que obtenga los datos necesarios para identificar la web supuestamente infractora sin que quepa recurso. Cuando la Comisión de Propiedad Intelectual tenga estos datos sobre el infractor y crea necesario el cierre del sitio web será el juez quien decida si autoriza o no tal cierre. En caso de autorizarlo, tras escuchar a las partes implicadas, tendrá 5 días improrrogables para dictaminar el cierre.

Como ya informamos en el día de ayer, otra de las enmiendas que pretende modificar la norma alude a la eliminación del canon digital. Desde sus filas, los populares argumentan la retirada del canon aludiendo a las conclusiones del dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo considera un impuesto excesivo. Esta compensación por copia privada ya reporta más beneficios a la industria que la propia venta de música.

A lo largo del debate iremos conociendo más detalles sobre la forma final que adoptará la polémica Ley Sinde, como se la conoce tras ser impulsada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La norma necesitará mayoría absoluta en la cámara y el PSOE podría apoyarse en el PNV para conseguirla. Tras su aprobación la entrada en vigor de la ley estaría fijada para comienzos del año 2011.

 

Fuente: adslzone

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