Domingo, Diciembre 17, 2017

Los operadores, en contra del WiFi público por la escasa rentabilidad económica que les genera

WiFiEl WiFi público sigue en el punto de mira de los operadores. A pesar de ser éstas las compañías que proveen a los municipios e instituciones las conexiones a Internet, los escasos ingresos que consiguen en comparación con los logrados a través de la comercialización a particulares motivan su rechazo.

El diario Público nos acerca a la batalla entre operadores e instituciones que ofrecen conectividad inalámbrica de forma gratuita a los usuarios. Desde que naciesen este tipo de conexiones públicas, los operadores han mostrado su rechazo hacia las mismas al considerarlas una competencia contra la que aseguran estar en desventaja.

No obstante, son los propios operadores quienes proveen la conectividad a unas instituciones o municipios que se encargan de aportar la infraestructura. Mas el resultado para el bolsillo de las compañías dista mucho del que consiguen con usuarios particulares, y de ahí su posicionamiento en contra. Según indica el citado medio recogiendo información de fuentes del sector, por cada punto WiFi con entre 30 y 40 usuarios concurrentes (es decir, que puedan conectarse a la vez), los operadores cobran al prestador del servicio de 80 a 100 euros al mes. Esta cantidad es muy inferior a la que percibirían si esos 30 o 40 usuarios contratasen sus conexiones con el operador directamente.

Eso sí, los municipios no lo tienen fácil para ofrecer conectividad pública a sus ciudadanos. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) pone una serie de obligaciones con el ánimo de evitar la competencia desleal. Salvo en dependencias municipales, bibliotecas o centros educativos, donde el servicio se considera autoprestación, los ayuntamientos están obligados a separar la contabilidad del servicio de internet de las cuentas municipales. Además están obligados a ser servicios rentables (que generen ingresos) y no dar acceso a un precio inferior a los costes.

La infraestructura sí puede ser financiada con ayudas públicas, pero ésta no puede tener una potencia que permita el acceso desde el interior de los domicilios particulares. Además, la CMT estableció en 256 Kbps la velocidad máxima de acceso. En algunos casos de WiFi público la velocidad puede ser superior siempre que el usuario pague por ello.

¿Son demasiadas las trabas con las que se encuentran las instituciones que quieren ofrecer conectividad WiFi de forma pública?

 

Fuente: adslzone

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