El único escollo que tiene por delante la firma que preside Teddy Bautista es que la población de Boadilla del Monte no está dispuesta a permanecer callada. La Asociación de Amigos del Palacio, que califica de "atroz" la cesión del mismo, exige que el edificio sea utilizado para fomentar la vida social y cultural del municipio y en esta línea presentó una denuncia ante la Comunidad de Madrid, que se sumaba a una demanda ante los tribunales del partido Alternativa por Boadilla (APB). "Vamos a luchar para que el Palacio sea del pueblo, llevamos ocho años haciéndolo", asegura la presidenta de esta agrupación, Paloma Olmedo.
La sede la de SGAE
Tanto esta asociación como APB reprochan al Ayuntamiento de la localidad, que adquirió el edificio en 1998 por tan sólo 12 millones de euros, que no haya sido capaz de encontrar un uso mejor para el edificio "que convertirlo en la sede de la SGAE". Pero existen más irregularidades en toda la tramitación. De los 30 millones que la SGAE pensaba gastar en rehabilitación, sólo nueve se dedicarán a ese fin, mientras que el resto, 21 millones, "es dinero o inversión para su exclusivo proyecto de obra nueva y en su exclusivo beneficio" explicó el portavoz de APB, Ángel Galindo.
Hipotecado
En el acuerdo del pleno del 22 de diciembre de 2006, el PP de Boadilla autorizó a la SGAE a hipotecar el conjunto histórico para su rehabilitación. Un hecho que tanto la asociación que lleva ocho años luchando por la conservación del Palacio como el partido minoritario en la oposición, califican de inadmisible. "Esta es la política cultural y de conservación del patrimonio histórico del alcalde de Boadilla, con la financiación la SGAE adaptará un monumento único en España para convertirlo en sus oficinas, cosa que no vamos a admitir bajo ningún concepto", afirmó Ángel Galindo a los pocos días de la aprobación. Y cumplió su promesa llevando el asunto ante los tribunales.
Según la Asociación de Amigos del Palacio, el proyecto de la entidad que defiende a los autores no ofrece ninguna contraprestación relevante para los ciudadanos. Además, al estar calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), el proyecto de la SGAE, realizado por el arquitecto Santiago Fajardo, desafiaba, según los expertos, la adecuada conservación del Palacio.
En el convenio que firmaron González Panero y Teddy Bautista, se dice, literalmente que "si hubiese una resolución judicial firme dictada en alguno de los procesos contencioso-administrativos (existen más juicios por la expropiación) el concesionario tendrá derecho frente a la Administración concedente a obtener el debido reequilibrio patrimonial respecto a las inversiones realizadas". Según los denunciantes, el proyecto está paralizado por la Comunidad de Madrid. La SGAE lo niega y dice que está en obras.
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