La coordinadora de la Coalición Pro Acceso, Eva Moraga, señala que España es unos de los pocos países europeos que carece de una ley que reconozca el acceso a la información por parte del ciudadano como 'un derecho fundamental' para su participación.

'Tenemos derecho a acceder a la información que se encuentra en manos del poder público, con el compromiso de éste de hacerlo en un período corto de tiempo y sin que exista ninguna exigencia de explicar ni por qué ni para qué se quiere la información', reivindica Moraga.

Aunque el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en octubre pasado la elaboración de una norma, cuya elaboración acaba de iniciarse, Moraga reivindica un marco regulador 'claro', que integre las diferentes leyes relacionadas con la materia y acabe con el 'apagón informativo'.

Para Gutiérrez-Rubí, esta legislación sería un paso 'muy importante' en la promoción del gobierno '2.0', un término que define la segunda generación en la historia de la Web basada en las redes sociales o los blogs que fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios.

Este tipo de gobierno está retrasado en España por la existencia de 'una cultura del poder demasiado centralizada, vertical y opaca', asegura.

A este respecto, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, sentencia que los políticos temen a internet, pues elimina la intermediación cuando 'sus señorías' no dejan de ser intermediarios, y les ha reclamado que, 'en lugar de sentirse un estorbo', faciliten el uso de la red.

El subdirector general de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administraciones Públicas, Claudio Pérez-Olea, considera que se debe impulsar el gobierno abierto pero alerta del riesgo a que un ciudadano 'con un poco de malicia' pueda hacer mal uso de estos canales interactivos.

'Es cierto que tenemos una administración tributaria modélica y premiada en el mundo, pero lo sorprendente es que sea tan fácil contribuir y tan difícil participar' sostiene Gutiérrez-Rubí, quien culpa también del retraso a una estrategia que no apuesta por la participación.

A juicio del presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, las leyes no están adaptadas al tiempo de la red y, así, por ejemplo, -explica- 'una recogida de firmas realizada a través de una web se cuestiona a menudo'.

Entre las promesas de la Administración Obama, figura la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de cinco días para comentar los proyectos de ley antes de su firma, una medida, según Pérez-Olea, 'posible' en España y para la que 'solo falta un impulso'.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Internautas critica la falta de 'voluntad política' del Ejecutivo, y recuerda 'el uso mínimo' que los diputados hacen del correo electrónico.

'En España, no solo no se cuida la sociedad civil sino que hay un enfrentamiento entre la ciudadanía y el Gobierno en asuntos como el canon digital, el intercambio de archivos o el acceso a la banda ancha, con 4 millones de habitantes sin acceso a internet', puntualiza Domingo.

 

Fuente desde: internautas