La exasperante lentitud con la que el Gobierno está tratando la reforma del canon digital no pasa desapercibida para la Comisión Europea. Por este motivo, y con el fin de armonizar esta tasa entre los distintos países de la Unión que lo imponen a soportes y aparatos electrónicos, se nombrará una figura que intermedie en el proceso de reforma.Según podemos leer en El País, la Comisión Europea está dispuesta a reabrir el debate a nivel continental sobre la tasa que compensa a los autores por la copia privada. El organismo comunitario quiere unificar los precios que se aplican y el número de dispositivos gravados con el canon digital ante las diferencias de criterio que existe en los países de la Unión, donde Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Malta y Chipre no tienen este gravamen al no reconocer el derecho a copia privada.
Entre los diferentes precios destacan las elevadas tasas en España, donde, por ejemplo, adquirir una tarrina de DVD es casi cuatro veces más caro que en otros países como Alemania. Por este motivo, la Comisión Europea va a nombrar un mediador que reabra el diálogo entre los distintos sectores afectados por el canon, como las entidades de gestión de derechos de autor, las empresas tecnológicas y los gobiernos -que teóricamente velan por los derechos de sus ciudadanos-.
Durante el próximo mes de mayo se espera que el documento inicial sobre el que basar estas conversaciones sea difundido. Se trata del tercer intento desde Europa de mediación sobre esta tasa, puesto que ya lo intentó en 2006 y 2008 sin lograr el acuerdo entre los fabricantes tecnológicos y las gestoras. Asimismo, se espera que este documento contenga directrices sobre las obras a las cuales se le desconoce titulares de sus derechos, la forma de funcionamiento de las entidades gestoras y las infracciones sobre la propiedad intelectual.
En estos momentos, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otra reciente resolución de la Audiencia Nacional, España está obligada a modificar el canon digital al haber sido considerado abusivo e injusto al ser aplicado a agentes como empresas cuyo fin a la hora de adquirir productos y soportes tecnológicos no es la copia privada. No obstante, el Gobierno, encargado de las negociaciones, se encuentra totalmente dormido al respecto y esta reforma podría no llegar hasta el mes de noviembre.
En otros países como Portugal se evita gravar a los profesionales. Finlandia hace lo propio con los productos siempre que sea "con fines profesionales, educativos y científicos". Ahí tiene España un ejemplo a seguir, pero parece que al Ejecutivo no le interesa darse la prisa con la que tramita otras leyes como la Ley Sinde para introducir la censura en Internet.
Fuente: adslzone
