La polémica Ley Sinde sigue dando que hablar meses antes de su entrada en vigor tras ser aprobada el pasado mes de febrero con los votos del PSOE, PP y CiU. Después de conocer que los primeros cierres de páginas web con enlaces a archivos externos que vulneren los derechos de autor llegarían en septiembre, ahora Europa Press se ha eco de la aparición del primer borrador del Real Decreto propuesto por el Ministerio de Cultura para regular el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Recordamos que este organismo administrativo será el encargado de promover las páginas web en su opinión ilegales con el permiso de un juez, aunque la figura judicial no será la que intervenga realmente en el proceso. Esta Comisión interacuará en dos secciones ejerciendo por un lado las funciones de mediación y arbitraje y por otro "salvaguardando los derechos de propiedad intelectual".

El apartado del reglamento presentado que más polémica ha despertado tras conocerse ha sido el que señala que "un órgano competente" como la Audiencia Nacional, puede ordenar a los operadores "que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español". Da igual que en otros países esa página web sea legal y que anteriores sentencias como las dictadas hasta ahora en España le otorguen esta condición. De este modo, el internauta español no podría acceder a determinadas páginas, siguiendo "casualmente" las directrices marcadas por la industria cultural a través de su grupo de presión, la Coalición de Creadores.

Proceso express para cerrar páginas

Por otro lado, en el Real Decreto se confirma que se podrán llegar a acuerdos "voluntarios" y "extrajudiciales" de los confictos de estas webs respecto a la propiedad intelectual. Si no se da el caso, habrá un acuerdo arbitral "de carácter vinculante, ejecutable e impugnable" dictado con un máximo de 3 meses tras conocerse las posturas de las partes implicadas.

También se señala que la Comisión de Propiedad Intelectual nunca actuará de oficio sino que que serán los titulares de los derechos o las entidades quienes soliciten su intervención. Su papel será instar a la web en concreto a retirar de forma voluntaria los contenidos o presentar alegaciones en un plazo de 48 horas. Si no accede, las dos partes presentarán sus conclusiones en 5 días y la Comisión tendrá 3 días de plazo para dictar una resolución. Si la Comisión considera que existe una vuneración de la propiedad intelectual se ordenará la retirada en un plazo de 24 horas o se tomarán "medidas de ejecución forzosas", lo que supone el cierre de la web.

Habrá que ver cómo actúa la Comisión contra páginas web alojadas en el extranjero y si realiza todo este procedimiento de petición voluntaria de retirada de enlaces o si directamente ordenará a los operadores el bloqueo de estos sitios web. También falta por conocerse qué personas formarán esta Comisión, aunque visto a qué voces ha respondido la creación de esta ley parece muy claro que estarán relacionados con la industria cultural e intentarán hacer ahora lo que no han podido con la actual legislación, porque recordemos: las webs con enlaces a contenidos externos han sido declaradas legales por la Justicia española en repetidas ocasiones.

 

Fuente: adslzone