La línea que separa los intereses políticos de los económicos es en ocasiones inexistente. La injerencia de las grandes empresas en las actividades políticas es un hecho y el último caso que hemos conocido afecta a los derechos de autor en Europa, donde la fuerte industria discográfica ha colocado a uno de sus representantes para revisar la directiva sobre propiedad intelectual.Que las grandes industrias de todo el mundo quieren leyes hechas a su medida es algo que venimos conociendo habitualmente en este sistema político-económico. Que la industria cultural habitúa a hacerlo, también. En concreto es ahora la de las grandes discográficas la que emplea prácticas "lobbystas" de presión a representantes políticos para salvaguardar sus intereses económicos.
Como podemos leer en Alt1040, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) ha sido la encargada de enviar a una de sus miembros, Maria Martin-Prat, a la Comisión Europea para revisar la Directiva de Protección de Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED). La reacción de la comunidad internauta no se hizo esperar y pronto aparecieron algunas de las "perlas" de opinión con las que Martin-Prat deleitó en el pasado a la industria discográfica. Su propuesta más polémica es acabar incluso con el derecho a la copia privada.
Estas opiniones están muy acordes con las que sostiene la industria discográfica a través de la IFPI, encargada de la persecución de páginas web con enlaces a contenidos protegidos con copyright y a miles de usuarios a los que instiga con cartas en las que se les reclaman pagos y se les amenaza con denunciarles ante la Justicia. Se trata de la misma federación que presionó junto al Gobierno de Estados Unidos para que el Ejecutivo español adoptase un modelo legal antidescargas más fuerte, con la Ley Hadopi francesa como referencia. Esta ley amenaza con cortar la conexión a Internet a los usuarios que reciban tres avisos por compartir archivos en redes P2P.
Asimismo, se trata de la misma asociación que recientemente solicitó cantidades multimillonarias a los responsables del programa P2P LimeWire. Incluso reclamaron compensaciones económicas mayores que todos los ingresos que la industria discográfica ha generado a lo largo de toda su historia.
Una de las entidades que puede estar más que conforme con la presencia de la IFPI en la revisión de la directiva sobre propiedad intelectual es la SGAE, ya que la entidad presidida por Teddy Bautista está incluida en sociedades de gestión colectiva agrupadas en la IFPI. De este modo, esta potente industria, reacia por completo a cambiar su modelo de negocio en los nuevos tiempos que corren gracias a Internet, tendrá una importante presencia en la Comisión Europea. ¿Volverán los políticos a ceder a las presiones de esta industria?
Fuente: adslzone
