Además de los arrestados, han sido imputadas otras 22 personas y se han practicado otras dos detenciones por atentar contra los Derechos de los Trabajadores, al encontrarse en situación irregular y sin un contrato de trabajo.
La investigación policial se inició a raíz de varias denuncias formuladas por Microsoft contra diversos locutorios y cibercafés por utilizar software ilegal en estos locales comerciales. La operación se inició en octubre de 2010 con la visita de peritos y detectives privados a los locutorios y cibers de las provincias de Almería, Málaga, Pontevedra, Toledo y Burgos.
Una vez realizada la visita a más de 600 cibers y locutorios, Sogelise, empresa encargada de gestionar y verificar el correcto licenciamiento de los programas de Microsoft en máquinas de alquiler, procedió a comunicar a los locales en situación ilegal mediante cartas requerimientos, en dos y hasta en tres ocasiones, que estaban cometiendo un delito e instándoles a legalizar el software. Los establecimientos intervenidos hicieron caso omiso y fueron denunciados por un delito contra la Propiedad Intelectual.
El dispositivo policial se centró en la inspección de 45 locales situados en las ciudades de Málaga, Almería, Burgos, Vigo y Talavera de la Reina. Mediante programas de análisis informático, los agentes detectaron “in situ” la actividad ilegal de los mismos, con el fin de no obstaculizar la actividad comercial de carácter legal. Los agentes constataron que ninguno de los establecimientos inspeccionados tenía las licencias de software en regla.
Además de las detenciones, en los registros practicados se han intervenido los discos duros de 376 ordenadores destinados al uso público previo pago. La investigación ha sido coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial y han participado agentes pertenecientes a las Comisarías Provinciales de Málaga, Almería, Burgos y Toledo, y las Comisarías locales de Talavera de la Reina y Vigo.
Un riesgo para los usuarios y un perjuicio para la economía
El uso de software ilegal, además de los perjuicios ocasionados a los legítimos titulares de los derechos, supone una clara desventaja competitiva para otros establecimientos comerciales que cumplen con los requisitos legales.
La instalación de programas ilícitos supone también un riesgo para los clientes de los locutorios. Los usuarios de estos equipos informáticos pueden ser objeto de vulnerabilidades en todas las consultas efectuadas, los datos aportados o las comunicaciones realizadas a través de estos ordenadores, ya que el software ilegal instalado en los equipos carece de la licencia original por lo que no tiene acceso a las actualizaciones.
La piratería del software no solo perjudica a la industria y a los consumidores, sino a la economía en general, repercutiendo directamente la creación de puestos de trabajo. En España, según la BSA reducir la piratería de software en usuario final en 10 puntos en los próximos 4 años, contribuiría a generar cerca de 2.200 nuevos empleos de alta cualificación e incrementaría en 2.000 millones de Euros nuestro PIB.
Asimismo, se obtendrían 375 millones de Euros en concepto de ingresos fiscales hasta 2013. Estos datos hablan por si mismos, la piratería del software es un delito que nos perjudica a todos. Y como delito debe ser perseguido.
Fuente: muyseguridad
