Tal y como leemos en elmundo.es, escritores de la talla de Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes o Juan José Millás han pedido al Gobierno mediante una carta titulada "SOS. Los escritores reclamamos nuestros derechos" que no modifique el actual modelo de canon digital que grava dispositivos electrónicos y soportes y que permite a las entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE recaudar cifras millonarias.

En la misiva, dirigida concretamente a los ministrosde Cultura, Industria, Educación, Economía, Vicepresidencia primera y Presidencia, se advierte que este colectivo de autores vive "un momento crítico y decisivo". "Hay una fuerte presión, principalmente impulsada por la industria tecnológica tras cierta interpretación de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que persigue invalidar, mediante su drástica reducción, esta remuneración que nos corresponde legítima y legalmente", apuntan los escritores.

Recordamos que esta "interpretación" no es otra que la obligación por parte del citado tribunal hacia el Ejecutivo de modificar este impuesto dado que se considera indiscriminado y abusivo en tanto que es aplicado a empresas e instituciones públicas que no utilizan estos dispositivos para copiar este tipo de obras. Sin embargo, los escritores indican que "la copia privada del libro es distinta al del resto de obras de creación porque "la mayoría de los equipos que se utilizan para reproducir libros (fotocopiadoras, multifuncionales y escáneres) son adquiridos por empresas y administraciones públicas y no por usuarios privados, como ocurre, por ejemplo, con un reproductor de música o vídeo".

Por este motivo, han pedido también que "sólo se exceptúe del pago a los equipos y aparatos adquiridos por las empresas y administraciones que dispongan de la licencia de reproducción de la entidad de gestión correspondiente, y que la compensación establecida resarza el perjuicio ocasionado por las copias privadas" de los libros.

Los escritores afirman que la reducción o supresión del canon digital obligaría al "desmantelamiento de la gestión colectiva que lleva a cabo CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)", que en la actualidad "representa en nuestro país a casi 18.000 autores españoles y a otros miles de más de 30 países". En la carta se afirma también que eliminar el canon supondría "una disminución de la protección legal de la propiedad intelectual, la legalización política y social de cierta especie de "expropiación de derechos intelectuales" y un retroceso del libro español y, por ende, de nuestra cultura".

Fuente: adslzone