No ha entrado en vigor y continúan las presiones en el discurso de la industria cultural y del entretenimiento para que la Ley Sinde se refuerce incluyendo sanciones a usuarios particulares. Así lo han vuelto a exponer algunos de sus representantes como el caso de Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (Productores de Música de España), y Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores, el grupo de presión de la industria cultural.

Ambos se han pronunciado en una interesante compilación de visiones sobre la Ley Sinde elaborada por elmundo.es. Guisasola se mostró "parcialmente de acuerdo" con la norma antidescargas porque "olvida el problema del P2P, que en España tiene proporciones alarmantes y deja fuera, por tanto, el 50% del problema". Guisasola cree que "al ser una solución parcial (olvida el P2P) no puede ser sin duda la solución definitiva al problema".

Por su parte, y en la línea de las declaraciones expresadas en los últimos meses, el presidente del lobby de la cultura insistió en que esta ley debería contemplar una "actuación contra conductas vulneradoras" antes incluso de su entrada en vigor. "La norma propuesta debe ser mejorada, puesto que presenta determinadas carencias", afirmó Olcese.

"La Ley Sinde dificultará negocios parásitos"

Quienes sí se mostraron de acuerdo con la Ley Sinde fueron los representantes del PSOE y el Partido Popular consultados así como Arcadi Espada, director del Instituto Ibercrea, que señaló que la ley "reducirá los negocios parásitos en España y dificultará el acceso a los negocios parásitos internacionales".

En el otro punto hallamos opiniones contrarias a esta polémica norma, como las del abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo, Julio Alonso, director de Weblogs SL, o Pablo Soto, creador de Manolito P2P y Foofind. Éstos, así como el representante de la web de enlaces Cinetube, consideran que la ley está abocada al fracaso y que la adaptación de su modelo de negocio por parte de la industria abrirá las puertas de nuevos beneficios económicos dentro del sector. Además, coinciden en el poder censor de la Comisión de Propiedad Intelectual y en el paso atrás dado en las garantías constitucionales de los ciudadanos que ha supuesto la Ley Sinde.

 

Fuente: adslzone