"No queremos que nadie se aproveche del trabajo de los demás, pero esta es una ley para criminalizar al enlazador, y de esta manera se tendría que cerrar Internet". Éste es uno de los argumentos esgrimidos desde la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), que podría intentar junto a otras asociaciones que la Ley Sinde sea considerada como inconstitucional.Tal y como ha informado Europa Press, varias asociaciones de internautas se encuentran "analizando la posible inconstitucionalidad" de la Ley Sinde. Pactada entre PSOE, PP y CiU, podría ser una norma que no cumpliese con la Carta Magna porque, según Miguel Pérez, presidente de la AUI, "cerrar una página web por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución".
Esta asociación se encuentra estudiando el punto en el que se da poder a la futura Comisión de Propiedad Intelectual para adoptar medidas preventivas contra webs que "hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial". El texto literalmente asegura que se "podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".
Pérez, que ha afirmado que son más de 30 las asociaciones de internautas que se encuentran trabajando para desarrollar líneas de actuación conjuntas contra esta norma, ha explicado que estas se realizarán "en la medida en que surja el calendario". "Hay que cambiar el modelo de negocio porque el futuro no pasa por lo que nos quieren imponer los que han triunfado con el modelo anterior", sentencia Pérez.
Desde las asociaciones se considera fundamental que se produzca una reforma "a fondo" de la Ley de Propiedad Intelectual y que se elimine el canon digital ya que "perjudica al creador y al usuario y sólo beneficia al intermediario". Por otro lado, la Asociación de Internautas ha llegado a calificar el acuerdo alcanzado entre las formaciones como "chapuza" ya que los jueces pasan a ser meros "notarios" en el proceso ya que el mayor poder se le da a la Comisión de Propiedad Intelectual.
También desde la Asociación Nacional de Empresas de Internet se hizo hincapié en que la norma está condenada al fracaso, ya que la mayor parte de las webs a perseguir no están alojadas en España, por lo que se considera "ineficaz". Además, consideran que se generará una inseguridad jurídica.
No es la primera vez que se señala como inconstitucional el texto que se aprobó en la Cámara Alta el pasado lunes. Fernando Acero afirmó el pasado mes de diciembre que el texto así debería ser considerado debido a que no nace de la soberanía del pueblo español (tal y como reza el Artículo 1.2 de nuestra Constitución) sino que ha sido creado a base de presiones desde un país extranjero como es Estados Unidos como demostró WikiLeaks.
Fuente: adslzone
