La política entiende cada vez menos de memoria y de principios. Buena fe de ello puede dar el Partido Socialista, quien en boca del actual ministro de Interior, vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticaba en 2002 una ley similar a la aprobada por el Senado en el día de ayer.Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero al menos ahí están las hemerotecas para recordar que en su día fueron dichas. Corría el año 2002 cuando una de las figuras más representativas del actual Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba -portavoz de Ciencia y Tecnología del grupo socialista-, se lanzaba a criticar las intenciones de aprobar por parte del anterior Ejecutivo la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI).
Tal y como publicamos, Rubalcaba aseguraba en un artículo en el diario El País (27 de febrero de 2002) que dicha norma era como una "ley de censura en el ciberespacio". "El Partido Popular, ha tratado de utilizar una ley que debería regular las relaciones comerciales en el ciberespacio para tratar de controlar el flujo de información en la Red", declaraba el actual ministro de Interior. ¿Les suena esto? Sí, la Disposición Final Segunda se encuentra enmarcada en otra ley (Ley de Economía Sostenible) cuyo objetivo es la regeneración de sectores como el finaciero, empresarial y medioambiental.
"Esta tarea, según la Constitución, corresponde a un juez"
Los socialistas criticaban, para más inri, que la ley introducía el "ambiguo" concepto de "autoridad competente", que según la LSSI, podría decretar el cierre cautelar de una página web. Según el PSOE, la ley no aclaraba si esa autoridad es administrativa o judicial. "Esta tarea, según la Constitución, corresponde a un juez", declaraba hace ocho años Rubalcaba. Mucho parece haber cambiado el ideario socialista, porque lo que es la Consitución, sigue igual y aquello de "autoridad competente" se ajusta a la perfección a la futura Comisión de Propiedad Intelectual.
Ocho años más tarde, el discurso del Partido Socialista, en el Gobierno desde 2004, ha variado y decepcionado a muchos de sus votantes y ciudadanos españoles. La Ley Sinde ha pasado a engrosar esta lista del "donde dije digo, digo Diego" y a demostrar cómo la clase política reniega de sus principios con una facilidad tan alarmante que sólo puede generar desconfianza hacia ella.
La censura llegará a la Red aunque permítase la duda sobre la eficacia de esta norma para conseguir su fin, que teóricamente es acabar con las descargas de contenido protegido por derechos de autor. Sin embargo, sí supone un nuevo paso hacia el control de la Red por parte de los más poderosos y un nuevo método de censura que permite minimizar la figura judicial tal y como es recogida en la Consitución. Sí, sí, ese mismo texto al que citaba hace ocho años Alfredo Pérez Rubalcaba.
Fuente: adslzone
