Llegó el día señalado en el calendario para la aprobación final o rechazo de la Ley de Economía Sostenible con la polémica Disposición Final Segunda incluida. Como hemos venido informando, el texto promueve la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que podría cerrar páginas web si cree que desde ellas se vulneran los derechos de autor, minimizando la figura judicial.

El diario elmundo.es se hace eco de las polémicas declaraciones del presidente del lobby de la industria cultural en nuestro país, Aldo Olcese, quien se mostró tan asustado como intimidatorio en sus últimas manifestaciones. Olcese aseguró que si la Ley Sinde "sufriera alguna modificación sustancial o fuese rechazada" por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que debatirá la norma en apenas unas horas, su grupo propondría a la Unión Europea la persecución directa hacia el usuario que realiza descargas, tal y como sucede en otros países como Francia, Reino Unido o Irlanda.

No es la primera vez que desde la Coalición se proponen medidas más severas contra los usuarios. Hace unos meses ya anunció que propondría las desconexiones si fracasaba la Ley Sinde, y en los últimos días volvió a declarar que la norma no es lo "suficientemente agresiva" para defender al colectivo que representan, que no es otro que el de la industria cultural. Olcese se reafirmó nuevamente en el día de ayer y, aunque aseguró que la Ley Sinde contribuiría de forma "significativa" a proteger la propiedad intelectual, sigue siendo "insuficiente por no incluir la vulneración de los derechos de autor en las redes P2P".

Olcese quiso incidir en la "situación calamitosa que afecta al sector de la creación cultural y de las industrias de contenidos audiovisuales" para hacer un llamamiento a la clase política y que se "apruebe urgentemente y sin dilación la Ley de Economía Sostenible". "Es una cuestión de Estado", aseguró el presidente de la Coalición.

En unas horas conoceremos el resultado de la votación más polémica en torno a los derechos en la Red de los últimos años. La potente industria cultural y el Gobierno de Estados Unidos se ha encontrado con la oposición masiva de la comunidad internauta pero sus presiones han recibido el beneplácito del Gobierno español. ¿Volverá la clase política de nuestro país a renegar de sus principios para aprobar un texto dictado desde Washington y los despachos de las multinacionales?

 

Fuente: adslzone