El diario El País asegura que la huelga de las páginas de enlaces ha desencadenado una enmienda de última hora, pactada entre el PSOE y CIU, que intentará suavizar el cierre de webs mediante un arbitraje "independiente". Textualmente: "ultiman la introducción de una enmienda transaccional que incluya la creación de un arbitraje independiente que mediaría entre la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs, y las propias páginas requeridas, antes de acudir a las instancias judiciales".
A falta de conocer más detalles, parece que el mecanismo de retirada de webs se mantiene tal y como estaba diseñado y simplemente se introduce un arbitraje "independiente", del que no se conocen más detalles, que mediará entre ministerio y la web de turno. El País relaciona esta modificación con el "golpe de efecto" logrado por el cierre organizado de las páginas web que son el objetivo de esta ley.
Según datos de las operadoras citados por el diario, el tráfico de la red habría descendido hasta un 50% durante la protesta, debido a que estas páginas son la fuente de gran parte de las descargas. Habitualmente, hasta un 70% del tráfico de un ISP procede de las descargas, según las mismas fuentes.
¿El tráfico desciende un 50%?
Lo cierto es que estás cifras no se ven respaldadas por las gráficas de monitorización del tráfico intercambiado en el punto neutro Espanix, donde ayer se mantuvieron los valores habituales de un domingo.
La modificación de la que habla el diario El País es un cambio menor, del que no se conocen más detalles que permitan calcular su impacto. Lo que si sabemos es que el mecanismo de la Ley Sinde, made in USA, que permite relevar en gran medida la función de los jueces por la de un órgano administrativo, sigue vigente. Se presenta esta modificación intrascendente como una respuesta a las protestas de la red, mostrando a unos legisladores sensibles con las inquietudes de los ciudadanos, cuando realmente todo sigue igual. Por otra parte se da a entender que las descargas que quiere atajar el Gobierno suponen una parte muy importante del tráfico de Internet en España, cuando no hay forma accesible de corroborar que este dato sea real.
Fuente: bandaancha
