La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el resto de entidades de gestión de derechos de autor seguirán cobrando el canon tal y como lo vienen haciendo hasta ahora al menos seis meses más a pesar de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea en la que se declaraba ilegal en su actual aplicación. El Gobierno no tiene intención de modificarlo hasta mediados de 2011.Parece que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no tiene prisa por modificar la legislación sobre el canon digital. Según pudimos saber hace unos días y tal y como refleja Libertad Digital, serán al menos seis meses más los que dure la recaudación de las entidades gestoras del mismo modo que lo vienen haciendo en los últimos años, algo que el Tribunal Superior de Justicia de la UE ha declarado ilegal por indiscriminado al aplicarse a empresas e instituciones en contra de la directiva comunitaria.
La ministra llegó a asegurar que en este plazo marcado de medio año se actualizará la normativa que regula el canon "de manera sencilla, eficaz, consensuada y lo más rápidamente posible". Desde luego, éstas no son las características de una tasa que ha permitido a las entidades gestoras recaudar cifras millonarias y que seguirán obteniendo hasta que no se produzca este cambio. Así lo confirmaba el portavoz de las entidades: "La legislación española nos ampara y mientras que no se cambie, nuestra obligación es seguir cobrando el canon".
Ha pasado más de un mes desde la sentencia del tribunal europeo. Los movimientos de los legisladores para adaptar a esta sentencia el indiscriminado canon han brillado por su ausencia para escarnio de empresas e instituciones que ven cómo siguen pagando por un concepto que ha sido declarado ilegal. Aquello de "lo más rápidamente posible" que asegura la ministra no puede entenderse sino como una contradicción en perjuicio de los usuarios. Resulta incomprensible esta tardanza.
Reclamaciones para exigir la devolución de lo recaudado injustamente
Por su parte, las víctimas de este impuesto abusivo podrían estar en su derecho de no seguir pagando este concepto según declaró el abogado Josep Jover. "Desde que se dictó la sentencia, nadie está obligado a pagar, porque la justicia europea nos avala", aseguró, mas no sería de extrañar que quienes tomasen este camino fuesen perseguidos judicialmente dentro de nuestro país dada la legislación española.
Las instituciones parecen dispuestas a plantar cara y cada vez son más las que anuncian que reclamarán las cantidades pagadas durante los últimos años a las entidades gestoras. Uno de los últimos ayuntamientos en acordar la reclamación del importe recaudado de forma injusta ha sido el Ayuntamiento de Valencia, que se une así a otros como el de Cádiz o la Generalitat de Catalunya.
Fuente: adslzone
