La destitución de Ignasi Guardans como director del Instituto de Cinematografía ha servido para destapar los intereses a los que obedece la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Éstos no son otros que los de la industria del cine, a los que trasvasa importantes cantidades de dinero público según unos criterios de valoración injustificados en muchas ocasiones.El conflicto de intereses por el que fue denunciado en su momento el nombramiento de González-Sinde como ministra se ha puesto de evidencia tras la destitución de Guardans de su puesto. El ya ex director del Instituto de Cinematografía dejó su cargo pero no lo hizo de la forma pacífica y silenciosa con la que otros lo hacen. Sus declaraciones han levantado una enorme polémica al descubrir el "tinglado" que muchos imaginaban pero que ahora parece más que evidente.
Como podemos leer en el blog de Enrique Dans, la situación en el cine español que ha destapado Guardans es de "fraude y corrupción" y cuenta con "la total y absoluta complacencia del Gobierno". La llegada al cargo de la ministra sirvió para aumentar las subvenciones al cine nacional, hecho que no es denunciable de por sí pero sí por los criterios "completamente arbitrarios" que se ha utilizado para ellos, recogidos incluso en un informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Incluso, el propio Guardans utiliza la palabra "fraude" para referirse a la situación del cine español y las subvenciones. La falta de transparencia que ha denunciado el ex director del ICAA muestra a productoras que inflan sus costes de producción para posteriormente comprar la taquilla de uno o varios cines y lograr así el mínimo de entradas vendidas para volver a recibir una subvención adicional. Estas denunciables prácticas parecen instaladas en el cine español como pautas demasiado habituales, con la complacencia total de quienes supuestamente velan por el buen destino de los fondos del Estado, que, al fin y al cabo, es el dinero que todos aportamos con los impuestos pagados.
La ministra, al lado de quienes defienden el canon
No podía ser de otra forma si, como afirma Guardans, "el móvil de la ministra sólo lo tiene la gente del cine". Y no es casualidad, por tanto, su postura al lado de la industria cultural y las entidades de gestión de derechos de autor para defender un impuesto (el canon digital) que ha sido declarado "indiscriminado" desde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea". Ni es fruto de la casualidad la facilidad con que se ha dejado seducir el Gobierno por parte del lobby de la industria cultural para poner en marcha una ley (Ley de Economía Sostenible) que recoge polémicas medidas como el cierre de páginas web en nombre de la defensa de la propiedad intelectual.
La corrupción rodea el cine español subvencionado con impunidad absoluta y no lo afirma sino un ex alto cargo directamente relacionado con la industria audiovisual de nuesto país. ¿Qué tiene que suceder para que esto acabe? De momento, la Asociación de Internautas ya ha denunciado los hechos ante el Tribunal Superior de Justicia. En sus manos queda investigar a fondo una situación de fraude que nos afecta a todos.
Fuente: adslzone
