Esta mañana la Comisión Europea ha pedido a España que suprima la tasa que fue impuesta a los operadores para financiar la televisión pública con un 0,9% de sus ingresos. Para Bruselas, el nuevo gravamen es ilegal ya que las tasas a las operadoras sólo pueden destinarse a la regulación del sector y no para financiar actividades de otros ámbitos, como lo es la televisión pública. El ejecutivo comunitario da un plazo de dos meses al Gobierno español antes de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Sin embargo, poco después el gobierno se ha reafirmado en sus intenciones y asegura que seguirá defendiendo su modelo de financiación de RTVE.

Redtel habla de "estratagemas" del gobierno para "conseguir el ingreso de millones de euros de forma urgente" aun sabiendo que las tasas serán anuladas por ser contrarias a la normativa comunitaria. Según las operadoras, el gobierno publicó de forma "precipitada en agosto" el reglamento que desarrolla la Ley de financiación, modificando el método de cobro para evitar que un recurso ante los tribunales paralice el pago.

Si se hubiese optado por el método de liquidación habitual de las tasas, los operadores podrían haber continuado su defensa en tribunales de manera normal. Por el contrario, la autoliquidación los deja en una situación de indefensión que sólo puede ser paliada por la suspensión de la medida por parte del Tribunal Supremo de manera urgente.

Redtel critica que mientras el Secretario de Estado de Telecomunicaciones reclama más inversión a los operadores, "los artífices del nuevo mecanismo de financiación de TVE sólo piensan en cómo extraer cuanto antes más dinero de los operadores, sin pararse a reflexionar sobre la legalidad de esta iniciativa, ni en sus consecuencias".

 

Fuente: bandaancha