Mantenemos altas expectativas de que alguna instancia acabe reconociendo lo que venimos diciendo desde hace más de un año: que la creación de este nuevo impuesto sobre los operadores es ilegal porque los operadores no son beneficiarios de la desaparición de publicidad en TVE. El argumento es tan simple que cualquiera lo entiende: los operadores de telecomunicaciones no se financian con publicidad, por tanto les resulta irrelevante quiénes se repartan esos ingresos, sean televisiones públicas o privadas. Nuestras esperanzas se fundamentan en las opiniones de organismos muy reputados que ya criticaron esta Ley como el Consejo de Estado, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque los informes de estos órganos no impidieron que los partidos políticos aprobasen esta sinrazón en el Parlamento, esperamos que ahora, bien la Comisión europea o bien los tribunales, deshagan este atropello.

-¿Se echa falta una mayor regulación estatal en el ámbito de las telecomunicaciones para solventar polémicas como la neutralidad de la red? Hay voces que indican que eso es quitar a Internet su principal valor y podría significar el fracaso del medio. Algunas incluso hablan de censura. ¿En qué podría beneficiar al usuario final una posible restricción de dicha neutralidad?

Pensar en regulación nacional en un espacio sin fronteras como Internet no es realista. Lo que nos preocupa, como a los usuarios, es la neutralidad de Internet (no sólo de la red), es decir, que se den las condiciones para que en el futuro puedan existir redes con capacidad suficiente para soportar variedad de ofertas de conectividad, variedad de servicios, variedad de tarifas para que cada usuario pueda elegir. Que no existan cuellos de botella en el mercado. Por eso pensamos que es necesario mantener un debate sosegado y serio sobre los posibles modelos de negocio que pueden conducir a ese desarrollo fluido. Debemos huir de debates regulatorios y, sobre todo, de debates demagógicos.

-¿La legislación actual es suficiente para acoger los cambios que se están produciendo en el sector o es necesario empezar a regular Internet de un modo diferente al que utilizamos en el resto de casos? ¿Se pueden regular los nuevos medios y casos como la propiedad intelectual o la privacidad con leyes que tienen varias decenas de años?

Lo grave no es tanto la “edad” de las leyes como la realidad o el modelo al que están orientados y que tratan de ordenar y que se produzcan disfunciones porque existan graves diferencias entre el objeto regulado y la realidad existente. En el caso de Internet no parece haber graves problemas puesto que es una regulación muy reciente y, mirando hacia delante, el desarrollo de Internet nunca se ha producido a golpe de regulación.

Sin embargo, en el caso de la propiedad intelectual claramente la regulación actual pertenece a un mundo analógico y, por tanto, es necesario actualizarla y revisarla de forma integral y profunda. Es algo que ya han reclamado organismos públicos que han analizado el tema, como la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, la Comisión Nacional de la Competencia e incluso el Parlamento, a través de las conclusiones de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso. Es una lástima que se pierda este impulso y la única reforma que se esté planteando sea un parche que sólo sirve para perseguir a “no-se-sabe-muy-bien-quien”, en lugar de acometer con valentía un cambio de marco regulatorio, absolutamente imprescindible en un mundo digital.

- Parece inevitable obviar la crisis. ¿Es el sector de las TIC inmune a ella? En principio parece poco afectado pero, ¿está perjudicando a la inversión en infraestructuras? ¿Será uno de los sectores punteros en la recuperación?

Los servicios de telecomunicaciones no son el sector más dañado por la crisis, pero desde luego no ha salido indemne. Hemos pasado de un crecimiento medio de ingresos del 6% a una caída de ingresos del 5% en 2009. Para dar una idea del “shock” que ha supuesto esta situación de crisis en este negocio sólo hay que tener en cuenta que en la “gran crisis” de este sector, en el peor año de la crisis de las punto.com los ingresos de telecomunicaciones “sólo” crecían al 4%.

Lógicamente, la caída de ingresos ha arrastrado a la inversión, como en cualquier otro sector económico en España durante la crisis. Pero lo más grave no es la caída en sí, sino la falta de perspectivas sobre cuándo cambiarán las circunstancias para que la inversión vuelva a crecer. Desde REDTEL hemos aportado muchas ideas al Gobierno para que, sin pedir planes de ayuda que supongan cargas para un presupuesto público ya maltrecho, sí existan revulsivos, incentivos para que los inversores privados se vean atraídos a aportar más dinero a la inversión de redes. Se trata de mejoras que sólo pueden lograr las Administraciones como por ejemplo, la reducción de cargas administrativas, el coste burocrático de invertir en redes de telecomunicaciones que es muy alto. Si logramos esta mejora estamos convencidos de que el sector de las telecomunicaciones puede ayudar, y mucho, a la salida de la crisis ya que las inversiones en redes impactan muy positivamente en la productividad y la competitividad del resto de sectores económicos: un crecimiento del 8% de la inversión en teleco supone un crecimiento del 1% del PIB. Pocas inversiones resultan tan rentables para la sociedad.

- ¿Porqué no tiene España el lugar que le corresponde en Europa en cuanto al precio y la calidad de la banda ancha? Los estudios no parecen ser muy optimistas pese a los avances de los últimos años. ¿Ve posible una España puntera en el sector a nivel europeo?

El precio y calidad de la banda ancha no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un conjunto de factores. Y si los factores de partida no son iguales, lo lógico es que el resultado también sea distinto. Cuando se hacen comparaciones entre los mercados europeos y asiáticos hay que tener en cuenta que en muchos países asiáticos los operadores son públicos o están fuertemente intervenidos por el poder público, por lo que las decisiones de inversión se toman y se orientan a fines distintos a la competencia en el mercado. Pero incluso dentro de Europa, también existen diferencias. Es cierto que todos los países de la UE partimos del mismo marco regulatorio específico de telecomunicaciones. Pero no todos los países tienen más de 8.000 Ayuntamientos regulando de forma distinta cómo se pueden desplegar las redes de telecomunicaciones (lo cual es un coste enorme en términos de burocracia, por no señalar las regulaciones que entorpecen las inversiones), o no tienen impuestos injustos para financiar la televisión pública o el cine, como España. Al final todo está relacionado y todos los costes y todas las trabas (o las facilidades, en su caso) tienen repercusión en los servicios ofrecidos a los usuarios, tanto en términos de precios como de calidad.

 

Fuente: adslayuda