Sinde aseguraba en una entrevista estar “orgullosa” de que esta ley se asociara con su persona. Poco importa ser la ministra más impopular del Gobierno. Poco importa que las principales medidas implantadas por la cartera de Cultura estén siendo juzgadas en el Tribunal Europeo. Como tampoco parece importar que su designación como ministra esté debatiéndose en la Audiencia Nacional por conflicto de intereses personales.
23-09-2010 - Gustavo Bravo - El Confidencial .- Derechos y dinero. Dos frentes muy distintos pero paralelos en esta guerra que libran autores y consumidores. El primero, el de los derechos, importa sólo de forma relativa. Grosso modo, es un debate infinito entre quienes defienden la propiedad intelectual y los que defienden la libertad de información. Poco importa. El frente de peso es el del dinero. Allí las bajas duelen de verdad y cada batalla se pelea con sudor y sangre.
Lástima. Porque mientras autores y consumidores batallan, los legisladores hacen y deshacen en materia de derechos todo lo que se les deja. Hoy no es un día cualquiera, es crucial. Se debate en el Pleno del Congreso la ley Sinde. Los más enterados temen que ocurra lo mismo que sucedió con el canon digital: que siendo, consiga llegar al BOE. El Gobierno espera aprobarla con el respaldo del PNV y de Coalición Canaria. Mientras, el resto de partidos han presentando enmiendas a la totalidad de la Ley de Economía Sostenible (LES) que la integra. Ya es algo; el día en el que el canon digital llegó al Pleno, todos los que votaron lo hicieron a favor (aunque ahora juren arrepentirse).
Comparar canon y ‘ley sinde’ no es gratuito. Cuando la copia pirata era ‘el gran mal’ de la industria audiovisual, el Gobierno se abstuvo de tomar medidas de calado para combatir a las mafias; la industria audiovisual, ésa que pensó que del mismo modo que el consumidor se pasó del vinilo al cassette, ahora lo haría del CD al cedette, optó por luchar a capa y espada hasta imponer un canon indiscriminado con el que recuperar el dinero que supuestamente estaba perdiendo con la copia privada, que siempre fue legal. Entonces, al igual que hoy, tanto Gobierno como entidades gestoras de derechos llegaron pronto a un acuerdo y lo llamaron "canon digital".
La ley Sinde pretende crear una comisión con la que trasladar la protección de los derechos de autor a la jurisdicción contencioso-administrativa y crear juicios rápidos con los que poder cerrar páginas web en cuatro días.
Ahora que no se venden discos (ni originales ni vírgenes), resulta que el canon ya no sirve. El problema (que sólo es de la industria, no lo olviden) se ha trasladado del top-manta a Internet. La ley Sinde pretende crear una comisión con la que trasladar la protección de los derechos de autor a la jurisdicción contencioso-administrativa y crear juicios rápidos con los que poder cerrar páginas web en cuatro días (literal). Sin embargo, todas las sentencias han dictaminado que descargar un archivo sin ánimo de lucro es totalmente legal, al igual que lo son todas las páginas que enlazan a las que alojan esos archivos. Ante la eterna incapacidad de dar respuestas profundas ante problemas complejos, la industria señala lo primero que ve (antes el mantero, ahora los internautas), mientras los legisladores, por su lado, inventan extrañas comisiones con las que ganar terreno al Poder Judicial.
Sinde aseguraba en una entrevista estar “orgullosa” de que esta ley se asociara con su persona. Poco importa ser la ministra más impopular del Gobierno. Poco importa que las principales medidas implantadas por la cartera de Cultura estén siendo juzgadas en el Tribunal Europeo. Como tampoco parece importar que su designación como ministra esté debatiéndose en la Audiencia Nacional por conflicto de intereses personales.
Los españoles llevan casi cuatro años pagando un canon digital indiscriminado en cada aparato electrónico que compran para “solventar el daño económico de la piratería”.
Pero la ley no es suya. La inclusión de la norma en el anteproyecto de la Economía Sostenible (LES) fue de José Enrique Serrano, entonces director de Gabinete del Presidente del Gobierno y ‘mano derecha’ de José Luis Rodríguez Zapatero. Da igual. Ella pone su nombre y da la cara, porque procede de lo más profundo de la industria audiovisual. Dicen luchar contra lo que llaman “la cultura del todo gratis”; pero mienten. Los españoles llevan casi cuatro años pagando un canon digital indiscriminado en cada aparato electrónico que compran para “solventar el daño económico de la piratería”, sin contar con que los internautas españoles sufren las tarifas más altas de Europa para poder navegar. De gratis nada. Está más que pagado.
No se puede legislar para salvar un negocio obsoleto, y no se pueden ignorar los derechos civiles. El problema no es Internet; está dentro de la propia industria, que se niega a evolucionar en un mercado global que no se detiene ante nada ni ante nadie. Hablar de “cultura del todo gratis” es una defensa en ataque, mientras lobbies y legisladores buscan la manera de asentar la cultura del “derecho al dinero” para unos y la del “derecho a saltarme el derecho” para otros.
Fuente: internautas
