Todo viene de una denuncia puesta por APEDANICA, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas, y por la cual la juez Raquel Fernandino del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha decidido citar el representante legal de Google en España el próximo 4 de octubre.

Consideran que podría haber datos personales guardados

La asociación denunciante considera que los datos capturados por Google podrían contener un considerable volumen de información personal o empresarial. Su argumento se basa en que son muchos los que usan redes abiertas para conectarse a diario, y que se "ha podido captar gran volumen de datos de todo tipo". La juez, por el momento, ya ha solicitado todos los datos en poder de la Policía Nacional para su estudio.

Google empezó a recolectar información de las redes abiertas Wi-Fi para ayudar a que los dispositivos portátiles se situaran con mayor exactitud en Google Maps. Esta nueva característica iba a ser de ayuda, sobre todo en ciudades, para los usuarios sin un chip GPS en el teléfono, ya que se ayudaría de los puntos Wi-Fi detectados además de la triangulación por las antenas de telefonía móvil para detectar la posición física.

En un principio se guardaban sólo los nombres de las redes (SSID) y las direcciones MAC de los puntos de acceso junto a las coordenadas GPS donde se habían detectado, pero el problema vino cuando la propia compañía admitió que se había capturado tráfico de datos de estas redes, aunque no era su intención.

Street View ya está prohibido en algunos países

Muchos han sido los países que ya han restringido el uso de Street View en su territorio. Por ejemplo, en Portugal o Grecia se prohibió por completo, y en Alemania tendrían que eliminarse imágenes de doscientos mil edificios (según el número de solicitudes de los propios alemanes). En el otro lado, en Reino Unido se consideró que los datos capturados no contenían información personal.

Ahora en España, Google además de haber dicho que tiene total disposición a colaborar con la Agencia Española de Protección de Datos para el análisis de la situación, tendrá que declarar ante la Justicia para explicar qué tipo de datos y con qué contenidos se guardaron, y decidir si se infringió la ley.


Fuente: bandaancha