En el otro bando, encontramos a una importante masa de navegantes, pero también, no lo olvidemos, a la industria de las telecomunicaciones, ampliamente beneficiada con las crecientes exigencias de los usuarios que solicitan más y mejores conexiones.
La medida se ofrecía entre un grupo de ellas que pretendían cambiar el modelo económico de cara al futuro, asfaltar el camino hacia la "sociedad del conocimiento". Estaba escondida, ligeramente enmascarada para que no se viera. Pero se vio. Vaya si lo hizo, y causó un revuelo en la red como pocas veces se ha visto, salvo si exceptuamos a John Cobra y a ese tipo de cosas que conviene callar cuando se defiende Internet. Algunos ven en la Ley incluso la vía para una posible censura ideológica, admitámoslo, poco probable en el presente (quién sabe en el futuro).

¿Y por que tanto grito de guerra? Hasta donde se sabe (la teoría está clara, la práctica es otra) la orden legislativa tiene intención de que sea una "Comisión de la Propiedad Intelectual" la que pueda cerrar páginas web que considere que atentan contra la misma y tomar alguna que otra medida.

¿Sin juez de por medio? Sí, sí que hay un juez, pero éste se limita a decidir si la comisión es competente para tomar esa decisión y aquí es donde entra el problema, porque pocos creen que ese juez realmente vaya a decir muchas veces "no".

Sin embargo, debería hacerlo si quiere cumplir con sus deberes, es decir, con la Ley, porque hasta la saciedad hemos escuchado eso de que en España no existe delito en este ámbito si no va acompañado del ánimo de lucro (cuando lo hay, parece obvio el delito). Y aquí es cuando aparece la primera piedra; hay muchas páginas en las que se comparten archivos protegidos por 'copyright' pero en las que no existe el ánimo de lucro. En otras muchas, si lo hay, es muy difícil de demostrar, lo que volvería a dejar colgando al juez durante un largo periodo de tiempo hasta que apruebe la acción de la citada comisión.

Dicho de otro modo los "infractores" ya juegan con ventaja incluso aunque desde el Gobierno se haya cambiado al árbitro. Sin embargo, lo que parecen no tener claro desde el Ministerio de Cultura, es que el partido lo han perdido antes de empezar a jugar. Existen hoy día numerosas maneras de conseguir el intercambio de cualquier tipo de archivos sin ningún tipo de beneficio económico de por medio y la tendencia es a más.

En plena época de la web 2.0 a ver quién se atreve a pedir que se deje de compartir, de intercambiar, palabras que parecen formar parte de una posible definición de lo que es la "red". Es ir contra la lógica.

Lo curioso del tema en cuestión es que la cara visible de la industria de contenidos, tampoco parece satisfecha. Teddy Bautista dejó claro que se trata de un avance, pero que si no era suficiente "habrá que tomar nuevas medidas". Victoria segura para quién apueste que lo hace y, como él, otros tantos que se saben perdedores de antemano.

No se trata de defender las conocidas críticas que se hacen desde reputados blogs y numerosos foros a la "Ley Sinde", sino dejar constancia de que soluciona más bien nada. El problema de la piratería (porque lo es) no terminará hasta que se ofrezca a los usuarios algo por lo que merezca la pena pagar ese precio que no existe en los programas de intercambio ya que, como clientes, simplemente son otras opciones dentro de la oferta. La Ley no gusta a ninguno de los frentes y sólo sirve como un parche político que da tiempo y acalla ciertas críticas mientras unos temen y otros esperan unos resultados que difícilmente llegarán.

Fuente: adslayuda