La ley, denominada Protecting Cyberspace as a National Asset Act (PCNAA), ha sido justificada "porque el país no ha de esperar a que se produzca un 11 de septiembre cibernético para reaccionar". El proyecto da poder a un Centro Nacional de Ciberseguridad, que sería la autoridad en estos casos. La única limitación que contempla la ley es que los operadores no podrían vigilar la conducta digital de sus clientes, su actividad en la Red, a menos que contaran con una autorización legal.

"Las infraestructuras críticas del país han de estar a salvo de intrusiones y ataques de nuevas formas de criminalidad y terrorismo cibernético", ha sido otro de los argumentos dado por los partidarios de la ley. El citado Centro Nacional podría revisar los mecanismos de seguridad implantados en las empresas privadas para tener conocimiento del grado de vulnerabilidad de las redes del país e incluso de las partes de estas redes en el extranjero.

Aquellas compañías que obedezcan a la Administracion y corten el acceso o alteren el servicio de sus clientes tendrán inmunidad y los clientes no podrán acudir a los tribunales para demandarlas. Las compañías tendrán, además, el apoyo económico del Gobierno.

La medida ha recibido las primeras críticas porque dejan en una situación muy débil al ciudadano dada la inmunidad de las empresas privadas, aunque también ha recibido críticas por parte del sector tecnológico. TechAmerica, importante grupo de presión, ha manifestado su preocupación por el empleo de este "poder absoluto" que tendría la Administración.

La seguridad cibernética parece, por tanto, una de las prioridades del Gobierno estadounidense. Cabría preguntarse a costa de qué y si todo vale a la hora de "proteger" un país.

Fuente: adslzone