La intención de la Generalitat con este plan es que una empresa privada construya y financie esa red, con la idea de ir pagándole por los servicios prestados a medida que la conexión vaya expandiéndose por los distintos centros. Pasados esos 20 años de plazo, la titularidad de la red pasaría a ser pública, algo que no termina de convencer a las empresas.

El plan establece un calendario de acción por el que la Administración iría desplegando la red. Joan Miquel Piqué, director de Localret, consorcio que agrupa a todos los municipios catalanes para impulsar las conexiones de banda ancha, explicó que "el dinero empezará a gastarse a partir de 2015 porque el consumo irá aumentando a medida de que la red se vaya construyendo". La primera fase hará llegar el cableado a 281 localidades, mientras que el objetivo total es alcanzar las 5.843 sedes de la Administración pública catalana y al menos una sede que elija cada uno de los 946 municipios de la comunidad.

Telefónica, que ve esta inversión como una competencia contra su red, ha propuesto mantener la red que construirá de su propiedad -en caso de resultarle adjudicada la implantación-, y asegura que tiene ya tanta fibra óptica desplegada que puede culminar el plan en la mitad del tiempo fijado. La Generalitat ha argumentado que su objetivo no es sino "garantizar que haya una alternativa en todo el territorio y que ninguna localidad quede excluida de las redes de nueva generación".

El acceso a Internet a alta velocidad por parte de las administraciones como de los hogares es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. De hecho, en parte del territorio nacional no hay acceso siquiera a conexiones ADSL, por lo que los operadores empiezan a ofrecer alternativas como la banda ancha de 1 Mbps que anunció Iberbanda para el territorio catalán.

Fuente: adslzone