"Es necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos (...) conservados que se especifican en el art. 3 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre" (PDF), afirma el Tribunal Supremo en una nota en la que informa de este acuerdo, tomado el pasado mes de febrero. Hasta ahora, los fiscales y la Policía podían solicitar directamente a los operadores la identidad del titular de un número de teléfono móvil o de una dirección IP determinada pero tal y como especifica el Supremo, si la Fiscalía necesitara dichos datos, sólo se obtienen mediante orden judicial. Parece obvio, ¿verdad? Ustedes ya saben que para algunos, no.