El estudio ha sido realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) y en él se afirma que si bien "la piratería (física y digital) lastra la economía de Estados Unidos y disminuye los ingresos fiscales, los datos utilizados para cuantificarla no son fiables debido a la naturaleza ilícita de la falsificación".

Asimismo, el informe de la GAO descartó y afirmó que son falsos tres informes particulares que se suelen citar se dice que están respaldados por el gobierno estadounidense. El primero de ellos, una estimación del FBI que aseguraba que se perdían hasta 250.000 millones de dólares al año. La GAO afirma que agentes del propio FBI le han asegurado que "no hay estudios de datos de ese tipo o de metodología utilizada para esa estimación, que no puede ser corroborada".

El segundo informe particular descartado es el de la estimación aparecida en 2002 en un comunicado de prensa de la oficina de Aduanas. En él se afirmaba que la "piratería" generaba pérdidas anuales de 200.000 millones de dólares y 750.000 empleos. Según la GAO estas cifras "no tienen un origen claro y no siguen siendo utilizadas por la oficina". Igual sucede con otro informe de de la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, que aseguraban que las pérdidas para la industria de partes de automóviles rondaba los 3.000 millones de dólares. "Cuando contactamos

Los informes de la RIAA y la MPAA, también descartados

El motivo de este estudio gubernamental se debe a la ley conocida como PRO-IP, aprobada en el mandato de George Bush y cuya intención era fortalecer la propiedad intelectual en Estados Unidos. Para ello se creó una figura que habría de velar por los intereses de la propiedad intelectual, y en este cargo fue nombrada Victoria Espinel. Entre sus responsabilidades está el recopilar datos respecto a la piratería y falsificación para tomar medias al respecto. Este estudio forma parte de este proceso de recopilación pero resulta irónico cómo rompe con la alarma que la industria había generado hasta ahora con sus estimaciones.

Espinel interactuó con organizaciones como la RIAA y la MPAA, que representan a la gran industria discográfica y cinematográfica respectivamente. Éstas amparaban sus reclamos en estudios realizados por Stepehn Siwek, del Instituto para la Innovación de Políticas. La GAO revisó los trabajos de Siwek, y concluyó que “la mayoría de los expertos que consultamos” sobre el trabajo de este sujeto no apoyaban su metodología.

Algunas cosas que no se consideraron en los estudios de Siwek, por ejemplo, son que los bienes piratas dejan disponible más dinero a los consumidores, el que es luego gastado en otras partes de la economía (por lo que las pérdidas no son tales, sino que el dinero se redistribuye en otras áreas). De este modo, la GAO afirma que el problema respecto a la piratería es "considerable" pero, a su vez, indica también que se han utilizado muchos malos datos, agregando que hay expertos que han asegurado que hay "efectos positivos (de la piratería) en la economía, que deberían también ser reconocidos".


Fuente: adslzone