El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) criticó ayer la carga de trabajo que podría suponer el nuevo trámite judicial para autorizar el cierre de páginas web. Tal y como está redactado el anteproyecto de ley, cuando un autor o sociedad de gestión de derechos considera que su obra está siendo "pirateada" o distribuida de forma ilegal por una página web podrá presentar una denuncia a la Sección Segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad Intelectual, quien analizará el caso y lo remitirá a un Juzgado de lo Contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esa página.

Los jueces no entran en el fondo del asunto

Caamaño ha reconocido que los magistrados "no entran a valorar si las páginas infrigen la Ley de Propiedad Intelectual", simplemente valorarán el contenido presentado por la Comisión de Expertos y autorizarán el bloqueo siempre y cuando no se vulneren otros derechos fundamentales. El Ministro de Justicia ha afirmado también que será un proceso muy rápido que no saturará la justicia porque "se cerrarán muy pocas páginas". "Hay pocos portales que vulneren los derechos de propiedad intelectual".

Posición del Partido Popular

Desde el principal partido de la oposición se ha valorado positivamente que el Gobierno incluyera la figura de los jueces dentro del proceso, sin embargo, tal como hemos podido comprobar no entran en el fondo del asunto y por tanto la indefensión de los titulares de las páginas será absoluta. En opinión de Javier Sanz, responsable de ADSLzone, "lo que no han conseguido por vía judicial, lo conseguirán por vía administrativa".

¿Cuánto tardarán en perseguir a los usuarios?

Desde la Coalición de Creadores han advertido que si el cierre de webs no surte efecto, contemplarán medidas punitivas contra los usuarios igual que sucede en Francia o Reino Unido. La polémica Ley de Economía Sostenible abre el camino de la censura y del control de Internet.

Fuente desde: adslzone