Según el mismo directivo, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia no hace más que avivar la llama del odio contra las gestoras de derechos. Al mismo tiempo, Arroyo  ha criticado la criminalización de entidades como la SGAE. Sí, las mismas que deciden cobrar su correspondiente parte en los conciertos benéficos o que deciden llevarse un buen pellizco cada vez que se representa una obra de teatro del siglo de oro. Los que cobran una cuota a las clínicas para poner la tele o piden un impuesto revolucionario a las peluquerías por poner música en los establecimientos.

A todo ésto, la ministra González Sinde no ha dado ni un paso atrás. Contrariamente a lo que piensan la mayoría de internautas, ha dado todo el apoyo a la entidad gestora con respecto al último conflicto que ha habido entre la SGAE y las peluquerías catalanas. El mismo Pablo Hernández Arroyo ha declarado hoy mismo que dichos establecimientos deben pagar la tarifa, al igual que lo hacen con la luz y el agua sin rechistar. Esta persona es una de las que forman parte de la Subcomisión para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. La misma que apoya el pre-constitucional cierre de páginas web.

Fotos de: Alex Castellà y Arguez