13-01-2010 - El uso masivo de las nuevas tecnologías, y más concretamente la interactividad que permite Internet, está poniendo en evidencia el papel del intermediario político en su calidad de representante y gestor del poder entre las instituciones y la sociedad civil.

Miles... millones de ciudadanos conectados entre sí, accediendo y emitiendo información a la vez, sin intermediarios, en línea y a cada momento, rompen con la pasividad y la espera de ejercer la acción política cada cuatro años.

En España ya se han concretado en fenómenos sociales como la Plataforma Todos contra el Canon, que logró aglutinar desde Internet a más de 3.000.000 de ciudadanos, de los cuales la tercera parte lo suscribió individualmente, otros a través de 4.896 organizaciones socioprofesionales y el resto a través de mociones aprobadas en pleno en 29 ayuntamientos de toda España.

Por eso, que a nadie extrañe la masiva contestación que, desde Internet, se está dando a las iniciativas de Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, que, remando contra la corriente del interés general, pretende que el poder ejecutivo traspase competencias que son propias del judicial.

Con ello, aspira a dinamitar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, que es la separación de poderes; dar rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, culpabilizar a los ciudadanos porque el avance tecnológico deje obsoleto un modelo de negocio corporativo, criminalizar una actividad como el intercambio de archivos a pesar de que la Justicia española no la considera delictiva, restringir los artículos 20 y 24.2 de nuestra Constitución y modificar hasta cuatro leyes para conseguirlo.

Pronto averiguaremos si este retorno a la política de miles de ciudadanos desde lo virtual, hará realidad que la ministra interesada no se salga con la suya.

Opinión de Víctor Domingo en la Gaceta.es

Fuente desde: internautas