Domingo, Agosto 20, 2017

La e-Administración empieza en falso

EspañaApura las carreras, pero el ministro no llegará a tiempo del bautizo de sus criaturas digitales. Ha jugado a ser el más precoz de la estrategia e-2010 de la UE. Le sabe a poco el horizonte de 2015 que se han fijado Bruselas y el conjunto de los Veintisiete como línea roja para garantizar y hacer exigible el derecho de los ciudadanos a realizar por medios electrónicos las gestiones con diferentes administraciones públicas del Estado. Sólo faltan tres días para la fecha del ultimátum digital del ministro. Pero tres años después de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el 1 de enero de 2010, la que iba a ser su ‘fecha dorada’ para Moncloa, va a pillar a Sebastián y los galones de su e-Administración aún en mantillas.Reproducido de Intelligence and Capital News Report

31-12-2009 - A pesar de 300 millones de euros en campañas de publicidad, la orfandad de un eDNI que sólo utilizan el 15% de sus 13 millones de propietarios -tiene mucho que ver con que sólo un 70% de los procedimientos, en el mejor de los casos y según estimaciones de la propia Administración central, sean efectivos en tiempo real. Del otro lado del espejo digital público, menos de un tercio de los españoles -sólo 16 millones tienen eDNI o firma electrónica- podrán ser sus interlocutores. Industria acelera en la formación de técnicos, le da cuerda a los pasos de su retraso, hace ondear 300.000 lectores de eDNI de regalo y trata con ellos, de alejarse de las demoras en el apagón de la burocracia analógica. Sólo ocho millones de usuarios han probado alguna vez su eAdministración, sólo la mitad de los funcionarios tiene acceso a banda ancha y apenas un 10% de los españoles ha conseguido rellenar formularios y completar trámites con la Administración con el DNI digital.

Bruselas le saca los colores a la gestión digital autonómica y recuerda que aún está por debajo de la media europea. Las CCAA no tienen regulación homogénea y ninguno de los grandes ayuntamientos permite el paquete básico de gestiones que la Ley prometía tener a mano desde el primer día de 2010. La UE le recuerda que España tiene mucho que mejorar en la gestión de documentos privados ante la Administración electrónica y hasta Zapatero admite el retraso “lamentable” en Justicia. Las demoras de su Administración digital le han empezado a pasar ya más facturas que las de los recelos del sector: mientras la media del gasto burocrático en la UE es del 3,3% del PIB, para España es del 4,4% por el peso de las gestiones aún en papel. Y apenas ahora, dos años después del bautismo oficial de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, el Consejo de Ministros se ha 'acordado' de aprobar un real decreto por el que se desarrolla la normativa de los registros electrónicos y se crea un registro estatal para garantizar el "papeleo" por internet y albergar los escritos y comunicaciones que presenten los ciudadanos.

El ministro Sebastián reparte ahora planes digitales y lectores de eDNI, de mercado en mercado. Hasta en Castellana 160 reconocen que tiene que lanzarse a buscar ciudadanos que quieran usar sus servicios telemáticos, todo con tal de intentar equipararse a los vecinos europeos, tres puntos porcentuales por encima de España, aunque sea a golpes comerciales. A la vista de la ‘timidez’ de la primera fase de su campaña -ésa que esperaba una avalancha de peticiones de 300.000 lectores a cambio de dos euros- acelera el segundo capítulo de su carrera para extender la eAdministración: Industria en colaboración con el sector privado distribuirá más de 200.000 paquetes informativos del eDNI (con un lector, el software y abundante información sobre sus utilidades y ventajas). Esta vez será gratis. De centro comercial en centro comercial –en 70 puntos de venta- y con los euros de la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Ni la inversión del Ministerio de 314 millones que destinó desde 2006 para la puesta en marcha del carnet electrónico, ni la ‘exposición’ Avanza con la que recorre España, ni los planes de Red.es pueden opacar que el DNI digital casi no tiene quien lo use. Y es que dos de cada tres internautas conocen las utilidades del nuevo documento de identidad y 13 millones lo tienen ya, pero sólo el 15% de ellos lo ha usado alguna vez. Además, las previsiones de la Policía y la Guardia Civil apuntan a que el DNI tradicional se seguirá utilizando hasta 2017.

E-ADMINISTRACIÓN AÚN EN MANTILLAS

No sólo es Tomás Ríos, director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, el que aprovecha para poner sobre la mesa de Sebastián los problemas reales de una Administración electrónica que “aún no está completamente preparada para el acceso de los ciudadanos” y “no podrá cumplir la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos”. Y, como le han recordado durante el último mes los analistas, la seguridad del eDNI aún tiene lagunas. Son sus propios promotores, de conferencia en conferencia los que le sacan los colores a le letra pequeña de su accesibilidad del carnet digital. Se lo recordaban las conclusiones de los expertos reunidos por la patronal Asimelec este mes en el III Congreso de Identidad Digital: el DNI electrónico es seguro, pero “usarlo es engorroso” y “es necesario encontrar un equilibrio entre seguridad y facilidad de uso” roto hasta ahora por el PIN de la parte pública de los datos del DNI que se impuso en su momento”.

Hasta la comisaria Reding ha sido más realista en la Quinta Conferencia Ministerial de administración electrónica en Malmö: esperará cinco años antes de que sean exigibles unos servicios públicos on line accesibles, interactivos y personalizados. Desde el seguimiento de expedientes, al trámite de multas, o la información web sobre las propias instituciones, los estándares comunitarios son aún una utopía en la red española. Un 30% de los ciudadanos ha utilizado la Red para acceder a información sobre servicios relacionados con la Administración y un 16% ha utilizado Internet para descargar formularios pero menos del 10% los ha completado de forma digital. A pesar de que España ha seguido creciendo en e-administración y tiene aprobados en recaudación de impuestos, búsqueda de empleo, matriculación de vehículos y denuncias policiales aún está por debajo de la media de los vecinos, suspende en permisos medioambientales, servicios sanitarios, matrícula universitaria, permiso de obras y sobre todo documentos personales. Y está aún muy lejos de países como Austria, Dinamarca, Estonia, Países Bajos, que se suben a la Web 2.0 y han desarrollado portales nacionales que el ciudadano puede personalizar.

Progresa adecuadamente pero todavía tiene que mejorar, mucho y a ser posible muy rápido. Una radiografía que revalida el último Informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. Durante los últimos años la partida TIC se mantiene estable en el 3,5% del presupuesto de la Administración General del Estado (es ya un 10% del sector tecnológico global en España), mientras que en las administraciones locales el aumento ha seguido un ritmo más elevado con un incremento del 23% entre los años 2005 y 2007. A pesar de que telefonía móvil en la Administración ha superado al gasto en telefonía fija, todavía no es muy común que los empleados de la administración dispongan de terminales móviles con conexión 3G. Todas las administraciones están realizando un esfuerzo muy importante en informatizar los puestos de trabajo, y en el caso de personal administrativo de la Administración Central ya se alcanza la cifra de 150 ordenadores por cada 100 empleados. Hay 80 ordenadores por cada 100 empleados públicos, el doble que ocho años atrás, pero el número de ordenadores personales de las administraciones del Estado y Local crece con una tasa inferior a la del informe anterior y sólo hay 46 ordenadores con acceso a internet/intranet por cada 100 empleados en la administración global.

Además, a pesar de los esfuerzos por incrementar su conectividad -tanto a Internet como a las intranets- y en la administración autonómica el número de buzones de correo es superior al número de ordenadores, lo que implica que en muchos casos estos ordenadores son compartidos. Y aunque la nueva ley obliga a las Administraciones a tener “quioscos físicos de atención” en todas las dependencias a partir de la próxima semana -de manera que quienes no tengan firma electrónica puedan participar desde ellos en el ejercicio de la burocracia digital-, todavía la mitad de los centros de la administración autonómica no dispone de banda ancha y en los municipios de 1.000 a 10.000 habitantes, sólo el 76% tiene acceso a ella, frente al 92% de las empresas que se conecta mediante banda ancha, situando a España en la primera posición del ranking de la UE-27.
Aún hay distinta interpretación de la legislación de implantación de la e-digital de la Administración central y de las comunidades autónomas, a pesar de que la Ley garantiza la “interoperabilidad entre administraciones”. Es la dejación del Gobierno -la misma que ha dejado en el congelador durante dos años la Conferencia Sectorial de Administración Pública- la que ha dejado en manos de las CCAA sus propias regulaciones –aún a riesgo de desigualdad para los ciudadanos- y la carga de la administración digital. Le ha puesto apellido la consejera de Administraciones públicas valenciana, Paula Sánchez de León: sin normas conjuntas en materia de seguridad informática o la regulación de la firma electrónica", los ciudadanos darán con el mapa difuso en la ventanillas de todas las administraciones. Le ha sacado los colores el III Estudio sobre la e-administración autonómica de ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) y la Asociación de Internautas (AI).

Sólo 7 autonomías superan la media de 181 SIT y 100 STC. Ni el crecimiento de un 91% entre 2007 y 2009 del número total de Servicios Interactivos Totales (SIT), ni el estirón en algunas Comunidades Autónomas opaca la brecha digital -basta decir que hay 376 SIT entre Madrid y Melilla, con 43-, ni el hecho de que la ventanilla única, los 31 servicios básicos y las pasarelas de enlace entre las administraciones autonómicas y las locales que se prometieron para 2010 sigan siendo aún un horizonte lejano. Según AI y ADECES, el Estado tendrá que incrementar el uso de la administración electrónica si quiere encajar sus beneficios por ciudadano y año de hasta 300 euros y un ahorro de 100 toneladas anuales de papel.

La administración electrónica municipal ofrece información, pero aún está lejos de la gestión efectiva de trámites. Lo ha constatado el último estudio de Consumer Eroskitras al analizar el diseño, funcionamiento y accesibilidad de la oficina o ventanilla virtual de los 18 ayuntamientos más importantes del país (A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza). Se limita en la mayoría de los casos a la obtención del certificado de empadronamiento y a registrar una incidencia. Aunque abunda la información, en ninguna de las 18 webs municipales se pudieron completar en Internet los diez trámites administrativos de que constaba la prueba práctica.

EL eDNI NO TIENE ‘QUIEN LO COMPRE’

El DNI electrónico ha situado a España en la vanguardia mundial teórica en cuanto a firma digital -el país que tiene más instrumentos en uso- pero la práctica deja fuera de juego a los planes de Sebastián. Le dan cuerda al horizonte de un 33% de los ciudadanos que -según los cálculos del ministerio- tiene intención de utilizarlo. Pero tres años y más de 330 millones de euros después de su creación, su uso es limitado. No es la Comisión de Libertades Informáticas y la Asociación de Internautas las únicas que le saca los colores a un proyecto que "se creó casi a escondidas, sin debate social ni parlamentario", que es aún "un gran desconocido entre la opinión pública y las entidades jurídicas” y al que ahora Industria tiene que darle cuerda con otros 14 millones de euros en una campaña que “no va acompañada de un reglamento de seguridad jurídica adecuado”.

Es la propia secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, la que reconoce que su uso es "escaso y no está acorde con el volumen español de documentos". Lo advertía el presidente de la patronal Asimelec, Martín Pérez: si España no quiere “quedarse retrasada, es necesario crear un clima de confianza para los usuarios” y avanzar en el “es imprescindible avanzar en el desarrollo del DNI Electrónico”, la llave para potenciar y homogeneizar la administración electrónica. Nada que no le haya recordado también la Aetic (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones): es necesario resolver el problema de las aplicaciones y aumentar la coordinación entre el CNI, Interior. Industria y otras entidades privadas.

Y lo que es peor -según el último estudio de Ocio Networks- genera aún más desconfianza que el comercio electrónico: mientras más de la mitad de los usuarios se siente intranquilo utilizando su tarjeta de crédito para realizar transacciones a través de Internet, dos de cada tres aparcan al dni electrónico en el cajón de las sospechas. Para la mayoría de los expertos reunidos por la patronal Asimelec este mes en el III Congreso de Identidad Digital, es necesario incorporar los drivers de los lectores en el sistema operativo, reducir el número de dígitos del PIN y obligar a los fabricantes de hardware a integrar el lector en sus máquinas -al igual que se hace con el teclado en español-.

Y ayudaría la introducción de capas de software y el libre acceso a datos como la fecha de nacimiento y que se llegara a la integración del DNI y los certificados de atributos tanto como fomentar su utilización en las administraciones central, autonómica y local y facilitar a facilitar a los usuarios, de forma gratuita, software que facilite la interacción con el eDNI. La legislación española -en el marco de las leyes 11/2007, 30/2007 y 57/2007- tiende a dar demasiada validez a la firma electrónica en detrimento de otros mecanismos probatorios, mientras que la normativa no trata de forma correcta el uso de dispositivos seguros de creación de firma, e incluso en ciertos aspectos chocan con la normativa europea. Se deben desarrollar soluciones informáticas que permitan calcular la edad del usuario -sin acceder a otros datos personales- para autenticar a los menores de edad con el eDNI en Internet, en especial en las redes sociales.

Es, además, el sector tecnológico el primero en advertirle que los recelos aún son mayores entre las empresas: en el ámbito laboral, siguen predominando en lugar del DNI-e los certificados de firma emitidos por empresas de servicios de certificación. Y -como resaltan las conclusiones del Congreso de Asimelec- las iniciativas legales para obligar a las empresas a facturar de forma electrónica con el sector público no son eficaces, al no actuar el Ministerio de Economía y Hacienda con la diligencia debida.


Fuente desde: internautas

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