El proyecto del Gobierno de crear una Comisión de Propiedad Intelectual que podrá bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso vínculos a ficheros sujetos a derechos de autor, como películas, canciones y videojuegos ha desatado un duro enfrentamiento entre los internautas -encabezados por los más relevantes-, los representantes de la industria cultural y el Ejecutivo, que se ha visto envuelto en una polémica interna visible en declaraciones contradictorias.

La magnitud de la controversia surgida en torno a este asunto, que recoge la Ley de Economía Sostenible, llevó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a terciar en la polémica, en lo que en la práctica constituyó una desautorización a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de quien depende la iniciativa. “Aclararemos lo que haya que aclarar, el Gobierno no va a cerrar ninguna web”, dijo el jefe del Ejecutivo, abriendo así la puerta a una posible revisión de las medidas anunciadas contra las páginas que faciliten descargas no autorizadas. También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, abrió la puerta a esa posibilidad tras un Consejo de Ministros celebrado en plena polémica sobre este asunto, a finales de noviembre.

Sin embargo, éste no es el sentir del sector de la industria cultural, que ha recibido con moderada satisfacción la iniciativa del Ministerio de Cultura, aunque considera que se puede ir más allá. En su último boletín, difundido el pasado viernes, el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) da por hecho que la iniciativa del Gobierno saldrá adelante como está redactada, en contra de lo que asegura el Ejecutivo.

Cita
“Además de apoyar la iniciativa del Gobierno -en la confianza de que, con las modificaciones que se consideren oportunas, obtenga un respaldo mayoritario en el Parlamento- Cedro considera fundamental la formación y concienciación en materia de propiedad intelectual”, asegura en el último boletín. Cedro es la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial.

La asociación “apoya la iniciativa del Gobierno de luchar contra la vulneración real y creciente de los derechos de propiedad intelectual en Internet”. “Ninguna de las medidas propuestas supone actuaciones contra los usuarios, como las presentadas en otros países”. Asimismo, señalan que “la facilidad de acceso a todo tipo de servicios de Internet no justifica las expectativas de cultura gratis. ¿Por qué existe esta expectativa de la gratuidad respecto de los libros y otro tipo de obras de creación, y no existe, sin embargo, en relación con los productos y servicios que se utilizan para acceder a ellos -ordenadores o conexión a Internet-.

Los representantes de los editores españoles se reunieron con dirigentes del PP para expresarles su opinión.


Fuente desde: adslnet