26-11-2009 - No quiero caer en la demagogia ni sumarme a la postura de ninguna formación política concreta -todas buscan rédito político o taparse las vergüenzas, según proceda-, pero creo que el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ambos de rango constitucional, merecen bastante más que un ocasional rifirrafe. Porque con Sitel estamos, se quiera o no, ante el sistema formal de libertades, nada menos, que pueden ser conculcadas por formas y modos de actuación que, si no se dan los controles y garantías exigibles en Derecho, pueden buscar la descalificación y neutralización del adversario político, por encima de otros objetivos legítimos, por ejemplo relacionados con el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción.

Si el Sitel sólo funcionara con carácter preventivo, todos estaríamos tan contentos y no habría por qué preocuparse. Pero con los antecedentes que existen sobre usos y abusos inconfesables, manipulaciones fraudulentas y controles irregulares de las comunicaciones -naturalmente, sin control judicial-, no veo por qué se escandaliza nadie cuando la oposición reclama acabar de una vez con la opacidad y la sospecha que suscita el Sitel para que todo devenga en luz y taquígrafos, transparenriaylimpieza, sin ningún margen para la discrecionalidad. Me preocupa que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, tenga que aclarar que "no estamos en una sociedad más vigilada, sino más protegida". No me gustan esas protecciones, menos aún las fiscalizaciones, tipo Sitel, por muy buenas que sean las intenciones del controlador. Este Gobierno, cualquier Gobierno, sea cual fuere su color, puede sentir la tentación de proteger en exceso a algunos ciudadanos, y no sólo en casos de verdadera y justa necesidad.

Tenemos no pocos ejemplos de intervencionismo interesado y antidemocrático, en España y fuera de España. Aquí, entre nosotros, en el campo de lo que podríamos entender por grabaciones políticas se captaron y almacenaron ilegalmente, es decir, sin respaldo judicial, conversaciones del jefe del Estado por parte de los servicios del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI) siguiendo órdenes del Gobierno. El escándalo acabó con la dimisión del director del Cesid, general Manglano; del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Existen casos parecidos en el Reino Unido, Grecia, Alemania, Francia y Estados Unidos, donde el famoso caso Watergate forzó la dimisión del presidente Richard Nixon.

Más cerca, en Canarias, prácticamente la totalidad de los asuntos de corrupción han sido destapados por denuncias de terceros, pero su seguimiento e investigación se han completado gracias sobre todo a grabaciones autorizadas. Entre las personas cuyas conversaciones han sido intervenidas figuran destacados políticos, jueces, empresarios y periodistas; hasta el presidente del Gobierno, Adán Martín, y el de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, fueron grabados no porque se siguieran sus actividades personales, sino las de terceros que conectaron con ellos. En el caso del juez Martín las consecuencias le llevaron a la suspensión en sus funciones y a un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que le condenó a año y medio de inhabilitación y ocho meses de multa (7.200 euros) por favorecer a un narcotraficante.

Las capacidades de la tecnología del Sitel

El sistema Sitel es un procedimiento informático integrado desarrollado por la firma Ericsson; es capaz de interceptar en tiempo real unas 1.500 conversaciones simultáneas desde teléfonos fijos o móviles, así como los sms, el correo de Internet, los detalles de la navegación en páginas web o en cualquier punto de la red, además de la hora de llamada, los números telefónicos en comunicación, el lugar desde donde se halla cada uno de los comunicantes y el tiempo que dura la conexión. También detecta los movimientos de facturas en la red sean entre particulares o con entidades empresariales y bancarias; incluso en breve podrá descifrar todos los detalles de cualquier código de barras, textos encriptados y otros procesos informáticos novedosos de última generación.

Con esta tecnología, basada en códigos numéricos, se pueden saber, sin la menor duda, las llamadas que realiza cualquier persona a lo largo de su vida, su localización física en cualquier momento siempre que tenga el teléfono encendido, acceder a las comunicaciones entre ordenadores, incluso a todo lo que en ellos se almacena, conocer el nombre del operador que se utiliza en estos procesos e incluso el tipo de contrato que cada particular tiene con él. Todo este cúmulo de datos telefónicos, informáticos, electrónicos y telemáticos -la ensoñación orwelliana en estado purose encuentra sin las suficientes cautelas y sin el necesario respaldo legal ya que los discos duros, CD o soportes se graban sin presencia judicial y se almacenan bajo custodia policial. Los detalles concretos, incluso los más privados e íntimos, pueden ser utilizados -no afirmo que se haga, pero es una posibilidadcon fines inconfesables o espurios. A mí no me consuela que el ministro Rubalcaba o el ex juez, hoy portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, afirmen que todo lo que se sigue y escucha a través de Sitel se hace con respaldo judicial. La democracia no es un bien otorgado, por eso son las leyes las que fijan las garantías de los derechos civiles y libertades fundamentales. En el caso que nos ocupa, la regulación de estas grabaciones presenta lagunas y carencias que deben ser corregidas, como bien se ha dicho, mediante ley orgánica, ya que afectan a la seguridad jurídica y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Informes de legalidad sobre el sistema

Para disipar eventuales dudas, quiero dejar bien claro que en los tiempos que corren, y con la progresión del terrorismo fundamentalista y del narcotráfico y el crimen organizado, más la incesante corrupción, Sitel me parece una herramienta fundamental, imprescindible; pero precisamente por su enorme poder es necesario evitar que pueda convertirse en ese Gran Hermano que discrecionalmente vigila e interviene en vidas y haciendas. Para ello nada mejor que dotarlo de un ropaje jurídico coherente, adecuado, seguro y protector de las libertades, al margen de tentaciones e influencias políticas partidarias. Durante d franquismo, en grandes y vetustos magnetófonos y con las líneas intervenidas desde dependencias oficiales, se grababan conversaciones a mansalva. Recuerdo una anécdota en la etapa en que desempeñaba la jefatura de redacción en Europa Press, en 1975. Había hablado telefónicamente con Marcelino Camacho, ya líder de unas CC.OO. clandestinas, entonces en la firma de motores Perkins, que me anunciaba la visita del comité de empresa, para contarnos algunos problemas laborales. No habían pasado quince minutos y recibía la llamada, en ausencia de mi director, Antonio Herrero, del comisario Yagüe, jefe de la infausta Brigada Político-Social, que nos ofrecía protección porque tenía noticias de que iban a manifestarse ante la agencia un grupo de "alborotadores"... No hace falta decir que, como tantas otras veces, sólo había que escuchar los ruidos en la línea y a veces hasta alguna conversación para saber que estábamos siendo grabados, el teléfono había servido a la policía como elemento noticioso. Y es que un centro periodístico resulta siempre muy tentador -hoy también, desde luego por el volumen y la información sensible que suele manejar.

Si ya tenemos cámaras en calles y plazas, en carreteras y almacenes, resulta inaceptable que nuestras vidas puedan, ni en hipótesis, ser vigiladas hasta el paroxismo

Los avances tecnológicos permiten actualmente que herramientas como Sintel sean capaces de obtener una enorme cantidad y variedad de datos sin suficiente cobertura legal, aunque el Tribunal Supremo haya dicho en reciente sentencia que Sitel "es preferible a los modos de intervención (telefónica) anteriores a su implantación", lo cual no quiere decir que la Justicia avale este sistema, como se ha dicho, ya que su regulación es insuficiente, según sentencia del alto tribunal de febrero de 2008.

Precisamente, la Asociación de Internautas ha recurrido el sistema ante los órganos comunitarios por considerar que no existe firma digital que certifique la autenticidad de la grabación, ni encriptación que evite las filtraciones (como se ha comprobado hasta la saciedad en el caso Gürtel, por lo que tampoco hay seguridad de que todo lo que se entrega al juez coincide realmente con la grabación original; sobre todo -argumentan los internautas-, teniendo en cuenta que en este tipo de archivos es fácil copiar, pegar y manipular.

Por esta razón la Agencia Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo mantienen abiertos sendos expedientes hasta comprobar fehacientemente cómo se efectúan las grabaciones desde los tres centros de interceptación y monitorización existentes en el CNI y en sendas dependencias oficiales de la Policía, en Canillas y en Madrid, los tres sin control judicial directo. Y por esta razón existen 17 informes negativos sobre Sitel expedidos a instancias del PP, antes de que con el Gobierno de Zapatero el sistema entrara en vigor en 2004, en pruebas,yen2005, definitivamente, por organismos e instituciones como los ministerios de Justicia, Defensa, Interior y Genoa e Innovación, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, las asociaciones españolas de Protección de Datos, de Proveedores de Servicios de Internet y de Empresas Operadoras de Telecomunicaciones.

La mano judicial es imprescindible

El Gobierno Zapatero puso en marcha Sitel cinco meses antes de que se aprobara el Reglamento sobre condiciones de prestación de servicio de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, de abril de 2005. También afecta a ese sistema la Ley de conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas y las redes públicas de comunicaciones, de 2007. Según el ministro del Interior, no necesita ninguna ley orgánica reguladora, puesto que ya tienen ese carácter la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Telecomunicaciones. Tal afirmación me parece un despropósito jurídico, puesto que de lo que aquí hablamos es de derechos y libertades, tal y como han subrayado la Asociación de Internautas, la Fiscalía de Madrid y representantes del Poder Judicial, de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Francisco de Vitoria, del Foro Judicial Independiente y de varias asociaciones de fiscales. Por su parte el abogado Guillermo Díaz Bermejo, probablamente el mayor especialista español en estos asuntos, apunta que la mayoría de los jueces desconocen el funcionamiento del Sitel, "por lo que es prácticamente imposible que puedan ejercer eficazmente el escaso control que les corresponde. Por lo tanto, cuando se le proporcionan los datos al juez, tiene que confiar en la buena del que ha realizado la escucha, porque el sistema no incluye ningún mecanismo que alerte de posibles manipulaciones. De este modo, la información queda desprotegida, llegando a manos de terceros (como los medios de comunicación) tal y como ya se ha demostrado.

Además, al no destruir los datos, se eleva el riesgo de robo de datos personales. En definitiva, se trata de un sistema que bien empleado, podría permitir la eficaz persecución de la delincuencia organizada, pero que sin garantías jurídicas y técnicas, es una herramienta de control por parte del Estado, que deja al ciudadano con las manos atadas ante las violaciones de sus derechos fundamentales".

No sé si son galgos o son podencos, si el PP se escuda en el caso Gürtel para echar abajo los asuntos de corrupción que le afectan en la Comunidad Valenciana y en otros lugares de España, o si el PSOE no quiere soltar presa una vez que ha encontrado materia para ensañarse con su rival político. Sí sé, en cambio, que la sospecha permanente se está instalando y enquistando en nuestro sistema de convivencia y que es urgente desterrar eventuales prácticas inadecuadas, y para ello nada mejor que el reforzamiento democrático y judicial de los sistemas de vigilancia. Y para evitar que el Estado protector tenga la tentación de enseñorearse y tratar de controlar lo indebido, el primer acceso al ordenador que-to-do-lo-ve debería quedar reservado al juez y sólo al juez, o en todo caso a un agente judicial delegado, nunca a los agentes habilitados, que nadie sabe quiénes son, ni quién y en calidad de qué los habilita para manipular las comunicaciones.

Si ya tenemos cámaras en calles y plazas, en carreteras y grandes almacenes, prácticamente en todas partes, resulta inaceptable que nuestras vidas -me refiero a la de quienes nada hemos de temer de la Justicia puedan, ni siquiera en hipótesis, ser vigiladas hasta el paroxismo gracias a una legalidad con andrajos y resquicios capaz de dejar que el Gran Hermano se entrometa en lo más íntimo y personal de cada uno.


Artículo de Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca en el Diario de Avisos

Fuenete desde: internautas