Las entidades de gestión han renunciado a actuar contra los usuarios finales, pero ahora están centrados en atacar a las páginas que disponen en la red los enlaces para descargar contenidos. Para que su ofensiva tenga éxito, primero hay que demostrar que la Fiscalía General del Estado y la doctrina jurídica actual se equivocan al asegurar que no hay ánimo de lucro en el intercambio de archivos.

El paso previo es presionar al gobierno denunciando que sí hay interés comercial en las personas que gestionan los portales de descargas, a las que el informe llama "parásitos". La intención es "criminalizar a los que dañan la industria cultural para lucrarse gracias a la 'piratería' digital".

Según el informe, las 200 principales páginas españolas de enlaces, rentabilizan su actividad mediante la publicidad, los servicios premium y la "venta de los datos personales de sus usuarios". Esta actividad les estaría reportando unos ingresos anuales de 1,5 millones de euros.

La publicación de este informe coincide con la creación de una comisión del gobierno formada por varios ministerios que presentará antes de fin de año las reformas legales necesarias para criminalizar las descargas de material protegido por derechos de autor.

Fuente desde: bandaancha