Martes, Agosto 22, 2017

Escuchas telefónicas y abuso de las instituciones

¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Vemos demasiadas películas americanas.

Por ello la primera reacción del público, característica de pueblos estúpidos y conformistas como el nuestro, fue llevarse las manos a la cabeza cuando María Dolores Cospedal se puso a buscar micrófonos en su despacho como una posesa y acusó al gobierno de estar pinchando teléfonos en Génova 13. “Si tienen pruebas que vayan al juzgado”, decía la gente. Un alterado Ministro del Interior se rasgó las vestiduras y habló de gravísimas infamias y falta de responsabilidad.

Pero la cosa ha quedado en estival sierpe: nadie emprende acciones judiciales. Por buenas razones: si los unos en ningún caso han infringido la ley, aunque fueran culpables de la villanía que se les imputa, mal podría hacer valer la otra sus acusaciones, aun en el caso de que pudiera demostrarlas.

Tales pruebas no las va a encontrar la Sra. Cospedal, por más que ponga patas arriba su despacho y el rellano de la escalera. Los apaños chapuceros con pinzas metálicas, los cables tras el espejo del baño y los micrófonos inalámbricos son cosa del pasado. Ahora se emplean medios mucho más sofisticados: hacking informático, rootkits instalados por la mujer de la limpieza, ataques man-in-the-middle, la decodificación del GSM mediante tecnología israelí y, sobre todo, la interceptación directa de llamadas, tanto de fijos como de móviles, en las mismas centralitas digitales de la compañía de teléfonos.

Desde el año 2000 el gobierno español, en colaboración con la multinacional Ericsson y la empresa Indra, ha invertido alrededor de cuarenta millones de euros en SITEL, un sistema informático que permite a la policía interceptar directamente llamadas telefónicas en cualquier punto del territorio nacional sin tener que montar previamente dispositivos de escucha. La implantación del sistema se ha llevado a cabo sobre un reglamento del Ministerio de Fomento y no sobre una ley orgánica, que es lo que habría exigido una medida de tan amplia envergadura. Desde hace años Sitel se encuentra en el punto de mira de la Asociación de Internautas. El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, elevó en junio de 2005 un informe al Fiscal General del Estado las graves deficiencias jurídicas de Sitel. Según dicho informe las interceptaciones incumplen los requisitos exigidos por el Supremo para ser utilizados como medio de investigación y prueba, por no existir control judicial efectivo, lo cual afectaría a la validez de múltiples procesos. Hasta ahora el silencio ha sido la única respuesta.

Cuando Cospedal dice que se siente espiada por el gobierno yo la creo. Mucha más fe es la que se necesita para creer lo contrario, que siendo tan fácil y no existiendo una cobertura jurídica garantista de ningún tipo para los derechos del usuario telefónico, el gobierno de la Nación no se vea tentado de utilizar unos medios técnicos que le ponen en bandeja no solo las conversaciones de la oposición, sino las de cualquier ciudadano del país. El incidente podría haber servido para iniciar una sana polémica sobre la protección judicial de las telecomunicaciones, pero por desgracia ha degenerado en la rebatiña partidista de siempre.

España aun se encuentra lejos de convertirse en un estado policíaco -aunque no tanto como pensamos-. La realidad de fondo es más banal: la de un partido que intenta hundir a otro que hace esfuerzos desesperados para mantenerse a flote. El Presidente Zapatero llegó al poder navegando sobre una almadía de mentiras. Dijo a los ciudadanos que no había crisis, y vaya si la había. Ahora no sabe lo que hacer y da manotazos a todas partes, utilizando al Fiscal General para sus fines políticos y lo que haga falta.

¿Serían ustedes demasiado duros conmigo si les digo que el gobierno sí está llevando escuchas telefónicas y una labor de espionaje dirigida no solo a la oposición, sino a los restantes grupos políticos? Les propongo que se sumen a la acusación, aunque solo sea por higiene democrática. No se preocupen, el gobierno no es una persona, y no se le puede aplicar el criterio de presunción de inocencia. Es culpable por defecto, asi que pongámosle en la picota. Después se verá si ha habido escuchas o no. Y en este último caso no pediremos disculpas, sino que nos limitaremos a decir: “De acuerdo, gobierno, ya hemos visto que lo estás haciendo bien. Ahora vuelve a lo tuyo y ándate con cuidado porque seguimos vigilándote. Eres tú quien nos perteneces a nosotros y no al contrario”.

Y esto habría que decírselo no solo a Zapatero, sino también a la Sra. Cospedal cuando sea Presidenta del Gobierno.

Reproducido de WriteOnlyMode. El blog de Patxi Igandekoa sobre Protección de Datos e Informática Forense

 

Fuente desde: internautas

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