El regulador brasileño adoptó la decisión después de que varias incidencias en el servicio denominado "Speedy" provocaran dos colapsos a los clientes en Sao Paulo provocando pérdidas millonarias.

Según recoge Expansión, una institución que ejerce competencias similares a la Fiscalía, ha iniciado una acción en la que reclama a la operadora una indemnización de 378 millones de euros para compensar a los millones de abonados que sufrieron las consecuencias del mal funcionamiento del ADSL durante los últimos cinco años.

No obstante, fuentes de la operadora operadora han señalado que aunque en estos momentos es imposible cuantificar el importe del litigio, el impacto potencial de esta iniciativa judicial podría ser sustancialmente inferior a la cifra inicialmente reclamada, puesto que para ello es necesario que cada consumidor individual realice sus propias reclamaciones, algo que no va a ocurrir.

De momento, la operadora lleva más de un mes sin poder comercializar sus ofertas de ADSL y fibra en Brasil. En un comunicado asegura que respeta la decisión del regulador nacional y reitera sus compromisos para mejorar el servicio y ampliar la capacidad de su red de banda ancha.

 

Fuente desde: adslzone