El título de esta conferencia puede inducir a error. Pese a que existe un debate jurídico sobre el conflicto entre derechos de autor y derecho a la cultura, el debate es eminentemente político.

Y es político porque no estamos discutiendo sobre la ley con minúsculas, sino sobre Derechos Fundamentales con Mayúsculas.

Cuando los lobbies de la propiedad intelectual han llegado al extremo de conseguir que el poder político legisle limitando la libertad de expresión y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones en Internet, el debate es político.

Pero es cierto que los abogados tienen mucho que decir. Sobre todo porque comen de esto: los abogados de las multinacionales del entretenimiento son responsables directos del endurecimiento de las leyes en contra de los ciudadanos. Endurecimiento de leyes que no ha hecho sino incrementar el volumen de casos de persecución de la mal llamada “piratería”, y por consiguiente sus honorarios.

No en vano Tomás Moro excluyó de su Utopía a los abogados, “esos picapleitos de profesión, que llevan con habilidad las causas e interpretan sutilmente las leyes.” En contra de nuestros propios intereses, algunos viejos utópicos reivindicamos una Internet sin abogados: el mayor triunfo de la cultura libre consistiría precisamente en dejarnos sin trabajo.

Con lo fácil que sería hacerse rico, defendiendo el status quo. No aprenderemos nunca.


Excurso pedigüeño: carta abierta al Ministerio de Cultura

De: Carlos Sánchez Almeida, [Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.]

Para: Angeles González-Sinde Reig, [Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.]

Cc: Ignasi Guardans Cambó, [Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.], Comité de Expertos de Ayudas a la Producción [Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.]

Asunto: Quiero un millón de euros para El Cosmonauta

Muy apreciados/as Ministra, Director del ICAA y Comité de Expertos:

En virtud del artículo 29 de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/2001, marco regulatorio del derecho de petición, les dirijo la presente para que suelten pasta.

Muy resumidamente, que para el resto ya tienen asesores de sobra: quiero un millón de euros para elcosmonauta.es

Como les gusta la literatura jurídico-festiva, empezaré por los fundamentos de derecho, a saber. El Comité de Expertos que suelta la pasta fue nombrado en virtud de la Orden del Ministerio de Cultura 4028/2007, de 28 de diciembre (inocentes…). Por Resolución de 11 de diciembre de 2008, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se efectuó la convocatoria de ayudas sobre proyecto para la realización de largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de animación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio. Para dichas ayudas se reservó la cantidad de 10.000.000 euros, imputables al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 24.101.470, Fondo de Protección a la Cinematografía, del programa 335C, Cinematografía, del presupuesto de gastos del Organismo para el año 2009. Dichas ayudas resultaron ampliadas en 5.000.000 de euros por Resolución de 13 de mayo de 2009 (Virgen de Fátima, ruega por nosotros).

O sea, que disponen Vds. de 15 millones de euros para financiar, entre otros, “proyectos experimentales o de eminente contenido artístico y cultural que se consideren de difícil financiación.” Justo lo que elcosmonauta.es estaba buscando, oigan.
Ahora vamos a los motivos de hecho. “Hay motivo”, y mucho: El Cosmonauta es un proyecto español de película de ciencia ficción producida por muchas personas, de forma abierta y participativa, con licencia Creative Commons para que su público pueda editarla, citarla, remezclarla y copiarla como quiera. Es decir, todo cuanto se invierta en la película revertirá en la comunidad.

Si el guión es bueno o no, que lo diga la Ministra, que de eso entiende. Ahí va la sinopsis:

¿Y si volvieses a casa... y ya no hubiese nadie?. En 1975, el primer cosmonauta ruso en la Luna no consigue regresar, y se le da por perdido en el espacio. Él, sin embargo, a través de fantasmales mensajes de radio, clama haber vuelto a la Tierra y haberla encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos.”

Por un momento he imaginado que el cosmonauta era yo, enviando fantasmales mensajes de correo electrónico a un Ministerio de Cultura vacío, sin un alma. Sáquenme de mi error, por favor. Demuéstrenme que están vivos, demuéstrenme que todavía creen en el milagro del cine. El milagro de un cine sin copyright.

Un millón de euros, Sr. Guardans. Para convencernos de que todavía cree en los derechos fundamentales. Para convencernos de que el numerito que montó para no descalzarse en el arco de seguridad del aeropuerto del Prat estuvo motivado por su fe en la libertad, y no por los tomates de sus calcetines.

Les aseguro que será la mejor inversión que han hecho en su vida.

Cordialmente suyo.


El error fundacional: en el mundo del copyright, todo gira alrededor de la copia

Si estudiamos el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas, o la Ley de Propiedad Intelectual, observaremos que todo gira alrededor del concepto de copia: distribución, reproducción, comunicación pública…

A medida que las multinacionales del entretenimiento han ido moldeando la ley a su antojo, la han hecho girar cada vez más sobre su modelo de negocio: la venta de copias de obras empaquetadas.

Se trata de un derecho pensado para un mundo en el que la realización de copias se basaba en la exclusiva tecnológica. Pero el mundo ha cambiado, y ahora cualquier ciudadano puede realizar una copia perfecta.

El modelo de negocio ha de cambiar, y el derecho también.

Observemos qué dice el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

La Carta Magna Universal establece dos derechos en perfecto equilibrio: derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, y derecho a la protección del derecho de autor, en su doble vertiente: moral y material.

La Declaración Universal de Derechos Humanos no habla en ningún sitio del derecho a cobrar por copias, ni de la prohibición de hacerlas. De lo que habla es del derecho de los creadores a la protección de sus intereses morales y materiales. Si se encuentra un marco jurídico que compatibilice esos intereses con el derecho de toda persona a la libertad en el terreno cultural, lo que establece la Declaración Universal se cumple.
El problema, en consecuencia, no está en el marco general, sino en la formulación concreta del derecho de autor en el Convenio de Berna y en las legislaciones nacionales. Un cuerpo jurídico que ha sido construido a la medida de las empresas que se han apropiado del trabajo de los artistas.

El problema no es de los artistas ni de su público, sino de esas empresas. De su capacidad para adaptarse o desaparecer.


La propiedad intelectual como arma de dominación cultural

El copyright no es una institución jurídica inocua. Está al servicio de un determinado modelo de sociedad, y de un determinado modelo de relaciones políticas y económicas. Responde a las necesidades de adoctrinamiento de masas de un sistema jerárquico, en el que el ascenso social en el ámbito de la política cultural se produce mediante cooptación.

Observemos, a título de ejemplo, el esquema de funcionamiento de las dos principales entidades españolas de gestión de derechos de autor: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Los derechos de explotación de las obras, en última instancia, no están controlados directamente por los autores, sino que se ponen en manos de editores musicales y cinematográficos, en virtud de los contratos de cesión y gestión de derechos que los artistas se ven obligados a suscribir.

Se nos dirá que nadie obliga al artista a firmar nada. En la palabrería fatua de los leguleyos, “se trata de relaciones mercantiles surgidas de la autonomía de la voluntad, en el marco de la libertad de contratación que impera en nuestro sistema jurídico”. No es cierto: en el mundo analógico, se trata del único medio que tiene el artista para conseguir publicar su obra, en virtud de la dictadura económica impuesta por los intermediarios culturales.

La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido. En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico, tanto por su importancia en el Producto Interior Bruto, como por su capacidad de influencia cultural: la exportación de películas americanas es la mejor forma de exportar una determinada visión del mundo.

Frente al sistema jerárquico imperante, el P2P se presenta como un sistema revolucionario de acceso al conocimiento. Un sistema en red, opuesto al esquema piramidal, que al tiempo que elimina el valor económico de la copia, ataca la médula del sistema de dominación: su capacidad de fascinación y adoctrinamiento de masas.


La propiedad intelectual como proceso de acumulación de capital

La primera gran falacia está en su nombre, un verdadero oxímoron: propiedad intelectual, apropiación del conocimiento. En la Declaración Universal de Derechos Humanos no se habla de propiedad intelectual, y ello porque el derecho de propiedad no está regulado en el artículo 27, antes citado, sino en el artículo 17. Derecho de autor y derecho de propiedad son dos cosas distintas, aunque se utilice equívocamente el término propiedad para designar una cosa que no lo es.

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Y no lo es porque el derecho de autor no está llamado a durar de forma permanente, como las restantes propiedades. El derecho de autor –al igual que el animal inteligente capaz de crear obras de arte- está llamado a morir desde que nace. Una vez cumplida su función, que no es otra que asegurar el sustento del artista, el derecho de autor prescribe, para convertirse en algo mucho más importante: en patrimonio cultural de la Humanidad.

Entraremos ahora en el origen de todos los actuales conflictos: la expoliación de la cultura. Toda la política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida en las últimas décadas a un solo objetivo: a expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. En la medida que se amplía el campo de actuación del derecho de autor, en su campo espacial (lo que abarca) como en su campo temporal (lo que dura) se está expoliando la cultura del patrimonio público.

Mediante una larga y extenuante campaña mediática, los lobbies del entretenimiento han convencido paulatinamente a gobiernos y organizaciones internacionales de la necesidad de expandir el derecho de autor y aumentar su duración temporal. Como consecuencia de ello, se ha reducido paulatinamente el campo de actuación de las excepciones a los derechos de explotación (copia privada, cita, parodia…), al tiempo que se alarga infinitamente el plazo de prescripción de los derechos de autor. De resultas de ello, el dominio público cultural cada vez es más reducido.

Pero de la misma manera que expolia la cultura del público, los especuladores también expolian a los artistas, cuyos contratos de cesión de derechos han sido endurecidos progresivamente, hasta el punto de contemplar no sólo la cesión absoluta de los derechos de explotación, sino de una amplia gama de derechos, como los derivados de la explotación de la imagen del artista e incluso porcentajes sobre sus actuaciones y apariciones públicas.

Si el derecho moral de autor no fuese irrenunciable e inalienable, también se comerciaría con él.


La rentabilidad económica de la represión

En un tiempo muy lejano, tan lejano que se antoja legendario, quizás la lucha antipiratería formaba parte del negocio principal: la explotación de las obras culturales. Pero desde hace mucho, mucho tiempo, la lucha antipiratería es un negocio autónomo, que sólo responde a una lógica: aumentar sus propios beneficios, con independencia de si ello beneficia o no a los artistas.

Si en algo han destacado las entidades de gestión de derechos de autor y las patronales del entretenimiento ha sido en sus magníficas dotes de organización del aparato represivo. Tomando como rehenes a los propios artistas, a los que se ha utilizado de escudos humanos, los estrategas de la industria han edificado poderosas maquinarias de combate jurídico.

Primer paso: criminalizar todo lo posible –legal o mediáticamente- cualquier actividad del público distinta a comprar lo que la industria vende.

Segundo paso: crear una inmensa estructura económica que gire alrededor de los abogados, peritos y policías encargados de perseguir a los infractores.

Tercer paso: poner en marcha la máquina de demandar.

El objetivo: crear una inmensa ficción jurídica en los juzgados, muy rentable para peritos y abogados, pero que le sale muy cara en recursos materiales y humanos a nuestra, ya de por sí castigada, venerable y vetusta Administración de Justicia.

En la construcción de la mentira participan instituciones públicas que deberían estar al servicio de los ciudadanos, y no de las empresas, como el denostado Ministerio de Cultura. Un Ministerio de Cultura capaz de publicar una vergonzosa guía de “Buenas prácticas contra la persecución de delitos contra la propiedad intelectual”, en la que aparece una fantasmal lista de peritos antipiratería:

En este campo, la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura puede facilitar, a petición del interesado, una Lista de Peritos expertos en el sector audiovisual elaborada con las propuestas que en este sentido se reciban en la Comisión permanente de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. Igualmente, las entidades de gestión y las asociaciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual pueden facilitar estos expertos, en su ámbito de actuación. Dicha Lista se confecciona mediante la integración en ella de nombres de peritos facilitados por las entidades privadas que habitualmente asisten a las reuniones de la Comisión permanente de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual.

Las personas o entidades que figuran en ella no han sido nombradas peritos por la citada Comisión Intersectorial, ni se han acreditado ante la misma en virtud de procedimiento reglado alguno. Se trata, por tanto, de una relación de carácter meramente instrumental, a título informativo, cuya finalidad es coadyuvar a la Administración de Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el desempeño de sus funciones, poniendo a su disposición una información que les puede ser útil.

Han leído bien. La “lista de peritos del Ministerio de Cultura” que se hace correr hábilmente por los juzgados, juega con el equívoco de su nombre, e incluso utiliza de forma espuria el prestigio del Ministerio de Cultura, para inspirar confianza en los jueces. Pero en realidad se trata de profesionales pagados por las empresas integradas en la gran coalición antipiratería. Es decir, no son peritos independientes, sino peritos de parte interesada.

Los abogados no engañamos a nadie, se nos ve venir. Defendemos a la parte que nos paga, no hay equívoco alguno. Pero los peritos y los policías sí deberían ser absolutamente independientes, y no prestarse a operaciones de mercadotecnia y propaganda.

El problema de construir un monstruo es que hay que darle de comer.


Justicia penal, justicia mercantil y justicia administrativa

Recapitulemos. Vamos a ordenar los soldaditos de plomo sobre el mapa jurídico del conflicto. A un lado, el territorio del derecho a una cultura libre, del patrimonio cultural de la Humanidad, cada vez más menguado, en el espacio y en el tiempo. Al otro, el terreno conquistado por las multinacionales especializadas en la apropiación del conocimiento.

En primera línea de batalla: abogados, peritos y policías de parte. Como escudos humanos, los artistas. Enfrente: la carne de cañón de los webmasters y las pequeñas y medianas empresas informáticas. Inmediatamente detrás, los usuarios.

Y al margen de todos, vendiendo las armas, enterrando a los muertos, recogiendo los beneficios de la carnicería, cobrando por todo gane quien gane: las patronales del gran negocio emergente. Las operadoras de telecomunicaciones.

Escenarios posibles en el teatro de operaciones: la vía penal, la vía civil y la vía administrativa.

Criminalizar a aquellos que copian y comparten, o a aquellos que enlazan a los contenidos que se copian y comparten, fue la primera gran tentación de la industria. Intimidar con cárcel es algo que siempre gusta a los abogados primerizos. El problema del derecho penal es que hay que usarlo como un bisturí: en determinados casos, puede resultar tan poco eficaz como un hacha de combate en una operación a corazón abierto.

Pero era necesario mantener engrasada la maquinaria represiva. Había que tener contentos a los policías encargados del trabajo más sucio, el que consiste en esposar y tomar huellas dactilares. Había que conseguirles fotos con ministros y artistas, ascensos, viajes, conferencias y congresos con todos los gastos pagados, medallas de hojalata. Y el premio gordo, el que nunca se llevarán los números que hacen todo el trabajo duro, el que está reservado al superintendente: el retiro dorado como encargado de seguridad de una poderosa multinacional.

El daño que han hecho este tipo de prácticas a la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es incalculable.

Recuperar el prestigio derrochado costará muchos años, y muchas operaciones contra los delitos informáticos verdaderamente serios. Pero se conseguirá.

Lo que no se conseguirá nunca es reintegrar a la sociedad a los estrategas de la represión: son de los que mueren matando. Cuando los juzgados penales les cierran las puertas, inundan de demandas los juzgados mercantiles.

Y cuando los juzgados mercantiles protestan por el exceso de trabajo inútil, recurren a las autoridades administrativas para que envíen las brigadas de limpieza.

Pero lo dicho, lo de menos es vender discos o películas. Lo importante es dar trabajo a los abogados y peritos, mantener activo el verdadero negocio.

Un negocio que se ha convertido en un agujero negro.


Una revolución silenciosa

Empezaba esta conferencia hablando de cómo trata determinada prensa el fenómeno del P2P, “la válvula de escape de los mileuristas”. Es una verdadera lástima que Cebrián haya dejado de leer a Ortega, porque en pocos sitios como en la actual Internet española puede apreciarse en su verdadera dimensión lo que ha representado la rebelión de las masas.

Debajo de los adoquines estaba la playa: el sueño dorado de los mileuristas no es asaltar el Palacio de Invierno, sino el Todo Incluido de la Riviera Maya. ¿Se atreve alguien a reprochárselo, cuando el sistema político-mediático se ha pasado veinte años construyendo ese falso sueño?

A raíz de la concentración de internautas que tuvo lugar el día 24 de mayo en la Plaza del Rey de Madrid, los voceros de la represión pretendían ridiculizar las cifras de asistentes. La festividad del Primero de Mayo y los fastos políticos de las elecciones europeas han permitido ver el problema en su verdadera dimensión: los mítines estaban semivacíos, puesto que la política sólo interesa a los incondicionales y a los que viven de ella. En ese marco general, no es baladí conseguir llenar una plaza con cientos de internautas preocupados por sus derechos.

Veinte años de la caída del mundo de Berlín, objetivo cumplido: las clases populares se han vuelto acomodaticias y obedientes. Toda la Galia está ocupada, y en Alesia reina Sarkozyx. La historia ha terminado, circulen, aquí no hay nada que ver.

Y sin embargo, algo se mueve. Lentamente, poco a poco, como la conciencia dormida que se despierta tras un largo letargo.

Millones y millones de personas están poniendo en cuestión, a diario, de forma absolutamente pacífica, todo un sistema de dominación. Sin alzar la voz, sin levantar barricadas, pero sin detenerse un momento.

Dejar de llamarlo derecho de autor fue un inmenso error. Cuando los defensores del castillo lo llamaron Propiedad, pusieron en marcha una bomba de relojería temporal.

Las armas se fabrican rápido, pero construir herramientas es un trabajo lento y paciente. Y estamos construyendo las herramientas de una nueva sociedad. Una sociedad que quizás está dormida, embrutecida, quizás aún es infantil. Pero una sociedad que puede madurar de golpe, si algún aprendiz de brujo cierra antes de tiempo la válvula de escape.

Intenten aplastarla, y esta sociedad se levantará.


Mapa jurídico de un conflicto: Propiedad Intelectual y Derecho a la Cultura

IV Curso de Derechos Sociales, "Defender y repensar los derechos sociales en tiempos de crisis", Centro Cívico Pati Llimona, Barcelona, 8 de junio de 2009.