La subida sería como mucho de 8 céntimos por pedido
Así lo afirman fuentes del sector a través de Adigital a ABC. El Gobierno espera recaudar unos 1.200 millones de euros con esta tasa que cobrará a las grandes empresas tecnológicas, pero desde la industria afirman que esa previsión es irreal. Además, afirman que las empresas no van a querer hacerse cargo de pagar ese sobrecoste, y que esa subida repercutirá directamente en el precio de los productos que compran los consumidores en la web, además de los de las empresas que venden en el Marketplace.
Por ello, esto dicen que haría subir los precios de Amazon, lo cual sería raro teniendo en cuenta que la compañía redondea en muchos casos estos precios. En 2017, Amazon recibió en España 53,01 millones de pedidos. Si suponemos que un tercio de lo que se recaude por la tasa Google lo paga Amazon, estaríamos hablando de que cada pedido pagaría de media menos de 8 céntimos más.
Este gravamen tardará todavía meses en entrar en vigor, pero las grandes empresas ya se encuentran preparándose para que no les pille desprevenidos. El impuesto no afectaría a la inversión de estas grandes empresas en España, pero sí afirman que algo tendrán que hacer por considerar injusto el impuesto. Además, esto podría afectar a la llegada de futuras empresas tecnológicas.
La tasa Google será del 3% sobre los ingresos obtenidos
La tasa Google fue aprobada el pasado viernes, y pretende gravar a los servicios de publicidad online, servicios de intermediación, y a quienes vendan datos de usuarios con un 3% sobre el total de los ingresos obtenidos por esas vías. Esto sólo afectará a aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo, y al menos 3 millones de euros en España.
Desde el Gobierno del PSOE afirman que esta recaudación que esperan de 1.200 millones de euros es más prudente que la del PP, que afirmaba que iban a recaudar 1.500 millones de euros. Desde la Unión Europea afirmaban que con ese impuesto, aplicado a todo el territorio de la unión, se podrían recaudar hasta 5.000 millones de euros más, siendo una manera de obligar a estas empresas a pagar impuestos frente a los tejemanejes legales que utilizan actualmente para no tributar en los países donde generan los ingresos.
