En un borrador filtrado sobre los planes futuros de Reino Unido para aumentar la vigilancia de los usuarios de Internet, se enumeran medidas bastante polémicas que ponen los pelos de punto como internauta en particular y como ciudadano en general. Hace ya cinco años se intentó instalar sistemas de vigilancia o de “caja negra” en toda la infraestructura de los operadores de Internet para supervisar la actividad online de los usuarios y registrar todos sus accesos a Internet.
Reino Unido quiere ‘acceso directo’ a los proveedores de Internet
Entre las nuevas propuestas, Reino Unido quiere que los proveedores de Internet instalen unos dispositivos facilitados por el propio gobierno en sus redes para registrar todo lo que sucede en las mismas. La idea es registrar los metadatos, incluyendo las horas, las fechas y las páginas web visitas, aunque no el contenido exacto.
Con la actual ley conocida como Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) los proveedores de Internet tienen sus propios equipos para interceptar datos, pero solo pueden facilitarlos cuando existe una orden judicial. El gobierno defiende que los nuevos equipos de espionaje que quiere instalar simplemente cambian aspectos no fundamentales de lo que ya se está realizando en estos momentos.
Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos civiles y fundamentales no piensan lo mismo. Creen que Reino Unido busca “algo similar” a lo que sucede en Rusia. Allí el gobierno tiene acceso directo a los sistemas de telecomunicaciones privadas y puede conseguir sus datos sin necesidad de órdenes judiciales.
De seguir adelante con la nueva ley, la instalación de estos dispositivos daría lugar a “un nuevo régimen de espionaje masivo”. Opinan que se deberían dar muchas más explicaciones y mecanismos de protección adicionales para los ciudadanos. Por lo que parece, tres de cada cuatro británicos desconocen las capacidades de espionaje de su gobierno o sus planes para ampliarlas en el futuro. El Brexit ha “tapado” el resto de noticias acontecidas en su misma fecha.
Hasta 48 agencias gubernamentales tendrían acceso a los datos de registros de llamadas de millones de ingleses si las nuevas leyes salen adelante. Entre ellas encontramos a los servicios de seguridad, el departamento de pensiones, hacienda o la agencia de control sanitario.
