No habrá ningún iPhone 6 para los políticos pagados con las arcas públicas, según ha comunicado hoy el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, quien ha sido el encargado de informar que los consellers finalmente recibirán un Samsung Galaxy A5 en lugar del buque insignia de la marca Apple. En un primer momento, el coste de los 99 iPhone 6 que había sido aprobado alcanzaba los 64.200 euros, pero tras una lluvia de críticas recibidas en las redes sociales, medios y por parte de la ciudadanía, el crédito para esta partida de gasto se ha situado finalmente en 27.225 euros, debido al coste de 275 euros que tiene cada teléfono móvil Samsung Galaxy A5 y algún modelo de Nokia incluido en el paquete, precios mucho menores que para el iPhone 6.

Desde los poderes políticos de la Comunidad Valenciana se había tratado de justificar la compra de iPhone 6 por ser un terminal moderno y seguro, al cumplir con las funciones de cifrado necesarias que requiere la información y comunicaciones mantenidas por los miembros de la cámara. Además, desde los distintos partidos políticos se había recalcado el hecho de que la renovación del terminal era de carácter voluntario y correspondía a cada conseller, algo que no convenció a la opinión pública.

El presidente de las Cortes también ha remarcado la tarifa de telefonía a la que tendrá acceso cada miembro, remarcando que se ha reducido el gasto de cada diputado un 20%, situándose en 80 euros, pero incidiendo en que la mayoría no pasaba de un consumo mensual de 40 euros.

Ordenadores portátiles para cada parlamentario

La Mesa de las Cortes también ha anunciado que se va a sacar un concurso público para adquirir ordenadores portátiles para los miembros de la cámara, con un coste máximo de 1.400 euros y bajo modalidad de renting, lo que significará que al término de la legislatura deberán devolver el equipo.

Estas concesiones a políticos son necesarias para desempeñar sus funciones, pero a su vez provocan malestar entre los ciudadanos cuando se habla de terminales como el iPhone 6 cuya decisión de compra en cargos públicos parece basada más en el capricho que en la verdadera necesidad. Algunas de estas ventajas incluyen  líneas de ADSL o telefonía instaladas en los propios domicilios, lo que pone en duda el uso que se le pueda dar para las funciones propias del cargo político.

¿Qué opináis de la decisión adoptada por las Cortes?

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Fuente: El Economista | adslzone