El Gobierno de David Cameron ha dado un giro en su política de lucha contra la piratería y ha establecido que a partir de 2015, las actuaciones como descargar música o películas de forma ilegal de internet, ya no serán castigadas ni sancionadas. Por el contrario, aquellos que compartan en la red de forma persistente este tipo de contenido protegido, irán recibiendo cartas de aviso en las que se les advertirá de la ilegalidad de su conducta. En el supuesto de que las advertencias sean ignoradas, las cartas seguirán llegando hasta un total de cuatro, pero si las actuaciones persisten, no se emprenderán acciones más allá de los simples avisos. En dichas misivas también se informa acerca de los canales legales mediante los que se puede obtener este tipo de contenido aunque no se penalizará su descarga ilegal, en una nueva muestra de la actitud de Reino Unido respecto a la divulgación de contenido protegido.

La nueva medida británica se conoce como Voluntary Copyright Alert Programme (VCAP) y ha sido el resultado de años de debate entre las fuerzas políticas,  proveedores de servicios de internet y miembros de la industria del cine y de la música. De momento se espera que los pequeños proveedores de internet se sumen a la iniciativa como así han hecho ya las grandes compañías: BT, TalkTalk, Virgin y Sky. Hasta el momento, en Reino Unido se empleaba una política de castigo con respecto a la piratería, donde aquellos usuarios que fueran declarados culpables de delitos de piratería se enfrentaban a sanciones que incluían el corte de suministro del servicio de internet.

Reino Unido apuesta por concienciar

Pero tras la poca eficacia de este tipo de iniciativas parece ser que las autoridades anglosajonas han optado por pasar a un modelo menos agresivo en el que se fomente el desarrollo de una cultura y educación que proteja por si mismia los contenidos legales y aleccione a los ciudadanos en este sentido. De hecho, se espera que aquellos progenitores que reciban estas cartas, consigan modificar la conducta de sus hijos, cuando sean estos los responsables de las descargas ilegales.

Esta medida es totalmente contrapuesta a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) llevada a cabo por el Gobierno español, donde se han endurecido las medidas y sanciones contra la piratería. En nuestro país, a partir de la aprobación de las modificaciones en la LPI, se sancionarán a las webs que ofrecen enlaces a contenido protegido con cantidades que van desde 30.000 a 300.000 euros. Y sin limitarse a ello, el castigo abarcará también a quien publicite o promocione dichos enlaces.

 

Fuente: VG247 | adslzone