En noviembre del año pasado nos hicimos eco de la voluntad del gobierno catalán de imponer un impuesto sobre las compañías que ofrecen conexiones a Internet. El objetivo no era otro que ayudar a la producción audiovisual catalana y todo el dinero recaudado iría destinado a financiar el cine catalán.

ferran_mascarellPese al descontento de REDTEL, asociación que engloba a los principales operadores del país, como AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, los planes siguieron intactos y de hecho, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, espera que se apruebe en el mes de julio.

El objetivo es recaudar unos 20,5 millones de euros al año. Por el momento, se desconoce si esto repercutirá en las cuotas mensuales de las conexiones ADSL y Fibra Óptica. Por parte de las operadoras la postura es clara, si se aprueba el impuesto, iniciarán acciones legales para que no llegue a aplicarse.

Ferran Mascarell explica que este tipo de tasa, aplicada en países como Francia, será positiva ya que permitirá ofrecer nuevos contenidos a los abonados, al incrementar la producción del sector. Además, ha sentenciado que cuando las leyes se aprueban es “para que se apliquen y funcionen”.

En el mismo acto que ha comparecido el conseller de Cultura, también estaban varios cineastas como Neus Ballús, quien ha indicado que Internet no es un extraño y que forma parte del sector, por ello, debe ser partícipe. No cree que se trate de un impuesto punitivo, sino de la creación de complicidades y de “compartir el negocio”.

Entrada en vigor en otoño

Los planes de Gobierno catalán son claros. La medida se votaría (y aprobaría) en algo más de un mes y entraría en vigor en otoño. Las operadoras tendrán un periodo de unos 2 o 3 meses para movilizarse y emprender las acciones legales que consideren oportunas antes de la entrada en vigor de la norma.

Mientras tanto, los usuarios se mantienen a la espera de conocer cómo puede llegar a afectar este impuesto en el precio mensual de sus conexiones de banda ancha.  Ninguna operadora ha explicado lo que ocurriría en caso de que llegará a aprobarse y aplicarse este impuesto, por lo que solo nos queda realizar conjeturas e imaginar un posible aumento de las cuotas mensuales.

Menos inversión en redes de nueva generación

Uno de los principales argumentos de los operadores para oponerse a este impuesto radica en los posibles daños colaterales que sufriría el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles. Defienden que un aumento de las cargas tributarias, reduciría la cantidad de dinero total disponible para estos menesteres.

 

Fuente: Expansión | adslzone