Hace unos meses os hablamos sobre el oscuro negocio que se esconde tras los números de tarificación especial 902. Muchas de las empresas ponen a disposición de los consumidores números 902 para contactar con ellas, llamadas que pueden costar hasta 47 céntimos de euro por el establecimiento de llamada y 47 adicionales por minuto a pagar íntegramente por el propio usuario.
Como os contamos, hasta un 85% de las empresas más conocidas en España utilizan estos números como medio de comunicación con sus clientes, muchas de las cuales acordaban con los operadores un reparto de las ganancias que generan. Incluso y como indica FACUA, se encuentran dentro de esta lista algunas empresas de telecomunicaciones que acaban obteniendo un beneficio económico de sus propias incidencias y averías, ya que originan un incremento de llamadas.
Como decíamos, el importe correspondiente es abonado en su totalidad por el cliente que realiza la llamada a un 902, números que además no están incluidos en los bonos y tarifas planas contratadas independientemente de la compañía. Algunos usuarios desconocen esta situación, lo que desencadena un incremento brusco e inesperado en la factura a final de mes.
Esta situación no ha pasado desapercibida para los consumidores que han elegido las líneas 902 como La Peor Práctica Empresarial del Año, superando al resto de candidatos al premio, como las altas fraudulentas en luz y gas que se quedan en segunda posición.
La aprobación de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que se esperaba pusiera punto y final a estas prácticas tuvo lugar finalmente el pasado 28 de marzo. Sin embargo, no termina por erradicar el problema ya que la nueva ley no obliga a bajar los precios de estas llamadas ni a incluirlas en los bonos y tarifas planas, únicamente prohíbe que tengan un coste adicional que vaya a parar a las arcas de las empresas titulares de las líneas.
Por lo tanto, debemos seguir teniendo cuidado con estos números a la espera de que el Gobierno tome nota de las peticiones de FACUA que solicita una reducción de precios, la inclusión en bonos y tarifas planas y la obligación a las empresas de contar con número gratuito de atención al cliente.
