El último informe del CGPJ reabre la polémica en torno a la llamada Ley Lasalle, como se conoce al anteproyecto de reforma de la LPI puesto en marcha desde hace meses por parte del Gobierno. En el texto el órgano de gobierno del Poder Judicial señala que "tiene sentido dotar a la retirada voluntaria de los contenidos o a la interrupción voluntaria del servicio el valor de reconocimiento implícito de la infracción".
En otras palabras, esto significaría que si el responsable de una página web denunciada por titulares de derechos de autor retira un enlace o procede al cierre de la página tras haber sido denunciado con la llamada Ley Sinde en la mano, estaría reconociendo la comisión de un ilícito civil. Incluso, si la reforma del Código Penal planteada por parte del Gobierno sale adelante (está prevista para finales de año), el reconocimiento sería de un delito, puesto que ésta da una vuelta de tuerca a la propia Ley Sinde y criminaliza los enlaces.
Reciente sentencia del Tribunal Supremo
No obstante, esta postura choca con la última sentencia del Tribunal Supremo (TS). En ella, a la par que legitimaba la ley antidescargas del último Gobierno del PSOE y el actual del PP, se anulaba un precepto similar recogido en el Real Decreto de regulación de la Comisión Sinde. "Carece de sentido hacer ningún pronunciamiento posterior sobre el restablecimiento de una legalidad que ya ha dejado de estar conculcada", explicaba el juez al respecto.
De este modo parece que el órgano que preside el propio presidente el TS sugiere que esta asunción de culpabilidad no se recoja en el Real Decreto sino que se incluya en la Ley de Propiedad Intelectual. Así, desde este órgano se pretende dar vía libre al endurecimiento de la legislación en materia de propiedad intelectual en la Red, aunque cabe dudar sobre hasta qué punto será efectiva esta medida para luchar contra la llamada "piratería" y si no es un espaldarazo en toda regla a la autocensura en las páginas webs.
