José Ignacio Wert seguirá dejando reformas para la polémica. Tras poner en pie de guerra a la ciudadanía defensora de la educación pública con su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (conocida por sus siglas como LOMCE), el controvertido ministro de Educación, Cultura y Deporte será uno de los máximos responsables de cerrar la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que busca criminalizar el intercambio de archivos sin ánimo de lucro.
Con las leyes anglosajonas como referente, el Gobierno busca acabar con el concepto de copia privada en su actual definición. Así, los usuarios que compren contenidos como una película, música, videojuegos o ebooks y lo compartan de forma altruista con otras personas, tal y como aparece en el Anteproyecto de la nueva LPI que se aprobó en marzo.
Esta definición que convierte al usuario en "pirata" aunque no tenga ánimo de lucro al compartir sus copias privadas, respondería a las presiones de la industria cultural pero que no acaba de convencer a entidades gestoras de derechos de autor. Por ejemplo, desde CEDRO se ve como un movimiento "para que el Gobierno pague menos a las gestoras" en su partida compensatoria de los Presupuestos Generales del Estado, la que sustituyó al canon digital.
Según la citada gestora, la modificación de la ley en dichos términos "situaría a autores y editores en una prácticamente en la indefensión frente a multitud de usos de sus obras que se efectúan en nuestro país". Esto se debería a que al limitar el derecho a la copia privada no tendría por qué darse una compensación a los titulares de derechos de autor al realizar dichas copias, ya que sería una práctica ilegal y no se podría exigir este concepto.
Ante esta situación, desde CEDRO avanzan que "los autores solo tendrían dos formas de defender sus derechos de propiedad intelectual frente a los millones de reproducciones que van a continuar realizándose: licenciarlas o perseguirlas". De este modo, aunque sea una opción que no convenza a la entidad, la persecución a aquellos que intercambien archivos parece una de las opciones que aparecen en el horizonte, lo que daría pie, como avanzamos meses atrás, a la elaboración de una ley que persiga directamente el P2P. ¿Será el propio Wert el encargado de impulsarla a medio plazo para reforzar la fracasada Ley Sinde?
Fuente: adslzone
