El pasado viernes el Gobierno anunciaba dicha reforma no exenta de polémica. Uno de sus pilares fue la reducción del concepto de copia privada a "aquella realizada sobre un original adquirido de forma comercial". De este modo, las obras digitales, las copias de obras alquiladas, prestadas o regaladas quedarían excluidas del concepto de copia privada, algo que ha enervado tanto a los consumidores como a entidades de gestión de derechos de autor.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), gestora más conocida en nuestro país, no ha tardado en poner el grito en el cielo por esta medida. Es de esperar que tras la aprobación de la reforma, la copia privada se reduzca drásticamente y con ella la cantidad que estas entidades recaudan en concepto de compensación, que desde diciembre de 2011 se abona a través de una partida en los PPGG del Estado.

En un comunicado publicado en su web, la SGAE afirma que la reforma de la LPI "perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas". La entidad ha advertido que los usuarios serán perjudicados porque "solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días, por lo que las copias que sean realizadas a través de Internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir".

Asimismo, indica que el nuevo modelo del Gobierno "supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas", afirmación de lo más llamativa si tenemos en cuenta que el canon aplicado a dispositivos y soportes electrónicos fue considerado "indiscriminado y abusivo" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su objetivo, como venimos recogiendo en los últimos meses, pasa por que se retome el anterior canon digital.

En cualquier caso, en esta ocasión no le falta razón a la SGAE al calificar de indiscriminado el actual modelo y los peligros del nuevo concepto de copia privada. Desde la entidad consideran que el sistema es "el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea", pero no hay indicios de que el Gobierno vaya a dar marcha atrás en su controvertido plan.

 

Fuente: adslzone